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La propuesta integral para combatir la corrupción en municipios, consiste en una reforma constitucional la cual crea una división de poderes, fortalece la rendición de cuentas y eficienta la administración pública:

1) Legislar para que los regidores sean electos individualmente por demarcaciones territoriales, a fin de eliminar el método por planilla o fórmula y evitar la mayoría sistemática que hoy prevalece, además de otorgarles la posibilidad de poder postularse a la presidencia municipal en el periodo inmediato.

Con esta reforma se da autonomía al cabildo, surge el poder legislativo municipal y se transforma en órgano deliberativo real para la aprobación de reglamentos, programas, políticas públicas, autorizaciones, permisos, créditos, endeudamiento, concesiones, ley de ingresos y presupuesto de egresos municipales, vigilancia, supervisión y aplicación de los recursos públicos y demás.

2) Otra reforma implica dar autonomía a las contralorías municipales al facultar a cabildo para designar por aprobación de las dos terceras partes el nombramiento del contralor con un perfil idóneo y en base a un servicio profesional de carrera, fortaleciendo la rendición de cuentas.

3) Por último, urge una reforma para  implementar el servicio profesional de carrera municipal, con el objeto de eficientar la administración pública mediante funcionarios públicos de perfiles profesionales adecuados donde predomine la capacidad y experiencia.