“La clase trabajadora puede ser perjudicada, degradada u oprimida de tres maneras: descuidándolos en la infancia, cuando se les sobrecarga de trabajo o cuando se les paga bajos salarios por su trabajo”
Robert Owen
Una de las reformas pendientes en la agenda legislativa es la laboral, el año pasado el Ejecutivo Federal a través del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley Federal del Trabajo.
En los últimos doce años se han registrado alrededor de 332 propuestas en el Congreso de la Unión, pero no se ha aprobado ninguna hasta este momento. La ley vigente entró en vigor el 1 de mayo de 1970, es decir, no tenemos un marco legal actualizado o adecuado a las nuevas demandas laborales.
Según el Foro Económico Mundial, hemos perdido espacios en el Índice Global de Competitividad al ocupar el lugar 60 de 133 países y en la Eficiencia del Mercado Laboral la situación ha empeorado, ocupamos el lugar 115.
El diagnóstico laboral de nuestro país nos arroja los siguientes datos: creación de empleos por debajo de las necesidades anuales; círculos viciosos en la contratación de jóvenes, no son contratados por falta de experiencia y no la adquieren por ausencia de oportunidades; un salario promedio aproximado a los 7 mil pesos mensuales; 54% de los ocupados del país sin seguridad social; fuerza laboral de la mujer de a penas el 38% y con salario promedio inferior en un 10% con respecto a los hombres; discriminación y maltrato a grupos vulnerables; escasa cultura de productividad; rezago en la justicia laboral; falta de transparencia en los sindicatos; jornaleros agrícolas en condiciones precarias; y por último, violación generalizada de los derechos plenos de los trabajadores.
La reforma laboral plantea modalidades, esquemas y figuras que son resultado de un análisis y de las exigencias ciudadanas en el mercado laboral como son: el contrato a prueba, con capacitación inicial o de temporada (todas las cuales se darían con goce de salario, prestaciones y seguridad social); aumentar la productividad en el trabajo a partir de la capacitación, la multihabilidad y fórmulas equitativas de distribución para mejorar el salario de los trabajadores; el pago o remuneración por hora (unidad de tiempo); facilitar el acceso y precisar el respeto a grupos vulnerables en el empleo; dar igualdad de derechos a las mujeres respecto de los hombres y facilitar su responsabilidad familiar con un trato digno en el trabajo; tipificar como delito la explotación infantil; acabar con huelgas eternas y con juicios artificialmente prolongados; permitir que todos los trabajadores gocen del crédito Fonacot y no sólo cuando el patrón se afilie al sistema; asegurar que los trabajadores decidan por voto secreto sobre la titularidad de sus contratos colectivos y la elección de su directiva; no obligar a los patrones a retener las cuotas sindicales; eliminar la inmoral cláusula de exclusión por separación; publicar los contratos colectivos y los registros sindicales en internet; regular el outsourcing (subcontratación o tercerización); modernizar el sistema de impartición de justicia laboral; fortalecer la inspección en el trabajo; aumentar sensiblemente el monto de sanciones por incumplimiento a la ley y, en general, corregir las contradicciones, deficiencias e insuficiencias de la legislación vigente.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está debatiendo al interior el tema de la regulación del outsourcing y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha fijado su posicionamiento en torno a la regulación de los sindicatos.
Creo que en lo general existe un consenso en las iniciativas de reforma laboral planteadas por los diversos partidos políticos, las particularidades serán discutidas y acordadas en su momento.
A México le urge una reforma laboral equilibrada entre patrones y trabajadores.
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