«Existe la expectativa de que una generación joven tiene la oportunidad de redimir los crímenes y fracasos de sus mayores y tendría la fuerza y el idealismo de hacerlo”
Joyce Carol Oates
Según el último Censo de Población y Vivienda levantado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los jóvenes entre 15 y 29 años representan la cuarta parte de 112.3 millones de habitantes en el país.
De los 29.7 millones de jóvenes, 37.1% tienen de 15 a 19 años, 33.3% de 20 a 24 y 29.6% de 25 a 29 años de edad.
En cuanto a migración, el 3.5% de jóvenes de 5 años y más residen en otra entidad distinta, de los cuales el 38.5% tienen entre 15 y 29 años. En el saldo neto de migración, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal son las estados que tuvieron las mayores pérdidas porcentuales de jóvenes, mientras que Baja California, Quintana Roo y Colima tienen la mayor ganancia.
Del total de emigrantes internacionales, 57% eran jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y tres de cada cuatro eran hombres. Los principales destinos fueron: 91.4% a los Estados Unidos de Norteamérica; 2.7% a Canadá; y 1.1% a España.
Con respecto a la educación, el promedio de nivel de escolaridad entre jóvenes de 15 y 29 años de edad es de 9.7 años. El 28.6% tiene nivel medio superior y sólo el 16.9% tiene el superior, aún existe un 1.8% sin instrucción.
En relación a la ocupación, 15.7% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad en búsqueda de empleo no cuentan con experiencia laboral, 44.4% perdieron su empleo, 35.1% renunciaron o dejaron el empleo y 1.5% dejaron o cerraron su negocio.
En el tema de justicia, de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad sentenciados en el fuero común, el 55.2% ha cometido el delito de robo y el 14.3% golpes y lesiones. En el fuero federal, el 47.2% han sido sentenciados por narcóticos y el 38.5% por actos ilícitos con armas.
Las principales causas de muerte en los varones de 15 a 29 años son 25.1% por agresiones, 19% por accidentes de transporte y 6% por lesiones autoinfligidas intencionalmente, un equivalente al 50.1%. Por otro lado, la cuarta parte de las defunciones de las mujeres también tienen el mismo origen.
Después de analizar estos primeros datos obtenidos en el INEGI, los ciudadanos debemos estar seriamente preocupados por la situación de los jóvenes en México. No podemos culpar solamente a las autoridades gubernamentales, son todos los sectores de la sociedad quienes están obligados a coadyuvar en la construcción del país, asumamos nuestra corresponsabilidad.
México somos todos, niños, adultos, viejos y jóvenes.
“Las guerras se hacen para producir deudas” Ezra Pound
La incertidumbre y la alta volatilidad en los mercados financieros internacionales son consecuencia del sobreendeudamiento de diversos países del mundo, un mal manejo de sus finanzas públicas.
El Gobierno Federal tiene finanzas públicas más sanas frente a los estados y municipios, lo podemos observar en la reducción del gasto corriente en los últimos once años, al pasar de 44.8% a 31.4% en servicios personales (capítulo 1000 -nómina) y de 29.5% a 24.8% en su gasto de operación. Por otro lado, se han aumentado de 5.2% a 22.7% los recursos públicos para programas sociales, un equivalente a siete veces lo destinado en el 2000.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto de inversión se ha elevado en más de nueve puntos como proporción del gasto programable, de 15.1% en el 2006 a 24.6 en el 2011.
Actualmente, la deuda pública del Gobierno Federal se mantiene en un tercio del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, los estados y municipios la han acrecentado significativamente, sus obligaciones financieras ascienden en el primer trimestre del año a 315 mil millones de pesos, un incremento real de 122% en relación al 2000.
La deuda pública de los estados representó el 50.3% de las participaciones federales en el 2001, nueve años más tarde alcanza el 72%.
A pesar de ello, durante el lapso de enero a julio de 2011, las participaciones federales pagadas a entidades federativas ascendieron a 247,699 millones de pesos, lo cual se traduce en un crecimiento en término real anual de 7% con respecto al mismo periodo en el 2010.
Hoy, las entidades federativas y los municipios reciben más recursos federales, el cuestionamiento es ¿qué sucede con sus finanzas públicas?.
El problema de las finanzas públicas en los estados y municipios radica esencialmente en la falta de fuentes de ingresos propios, el excesivo gasto corriente, el sobreendeudamiento, la corrupción y la insuficiente transparencia y rendición de cuentas de la administración de los recursos públicos.
La “Ley de Coordinación Fiscal” tiene por objeto regular y fijar las reglas de distribución de las participaciones, aportaciones y fondos a los estados y municipios. Las variables más importantes para asignar los recursos federales son las siguientes: a) El PIB; b) La recaudación de impuestos y derechos locales; c) El nivel de población; y por último, d) La pobreza extrema.
Por lo tanto, es importante establecer nuevos criterios para la distribución de las participaciones, aportaciones y fondos a los estados y municipios en la “Ley de Coordinación Fiscal”, tales como el grado de endeudamiento, el gasto corriente y la transparencia y rendición de cuentas.
Por otra parte, es prioritario tener órganos de fiscalización autónomos y contar con el recurso humano idóneo en las áreas de finanzas de ambos niveles de gobierno, a través de una ley de servicio profesional de carrera.
También, es necesario reformar, adecuar y homologar en los estados las leyes de deuda pública con mayores controles, las de responsabilidad de los servidores públicos con sanciones más severas y las de transparencia y rendición de cuentas.
Es inconcebible seguir permitiendo el endeudamiento de los estados y municipios.
“El conocimiento histórico es indispensable para aquellos que quieren construir un mundo mejor”
Ludwig von Mises
En días pasados, el Gobierno del Estado de Sonora dio a conocer el programa “Sonora Construye”, el cual pretende destinar 44 mil millones de pesos en infraestructura durante el sexenio.
Un nuevo esquema de inversión y administración son los elementos distintivos de este proyecto ambicioso, en el que se han ejercido hasta este momento 12 mil millones de pesos en obra pública prioritaria.
El rezago en pavimentación, agua potable, alcantarillado e infraestructura productiva no han permitido tener una entidad más competitiva y con bienestar social óptimo.
Hoy tenemos la gran oportunidad de construir todos los sonorenses un nuevo Sonora, un lugar donde todos los ciudadanos seamos parte, donde la inclusión predomine y se traduzca en un gobierno democrático.
Debemos entender y situarnos en el siglo XXI, los partidos políticos están obligados a ser responsables socialmente, a respaldar aquellos proyectos benéficos para la mayoría y dejar a un lado la inmadurez política de no aplaudir por el simple hecho de ser oposición.
Hemos observado como se han polarizado varios temas, como el del libre tránsito y el del “Sonora SI”, sin embargo, ha prevalecido el “Interés Superior del Estado” por encima del individual.
No hay duda, en nuestra entidad existen más consensos que disensos. Una muestra de ello, es el apoyo manifestado al programa “Sonora Construye” por parte de varios legisladores federales pertenecientes a partidos políticos distintos al del poder, menciono a los Diputados Jesús Alberto Cano Vélez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Samuel Moreno Terán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Un gobernante no necesita ser un especialista para resolver los problemas de la gente, solamente debe hacer uso del sentido común y tener la capacidad para tolerar a las minorías en desacuerdo. Como ciudadano felicito al Gobernador Guillermo Padrés Elías y doy mi respaldo a este nuevo proyecto.
El programa “Sonora Construye” dejará satisfechas las demandas sociales de amplios segmentos de la población en los 72 municipios del estado.
“¿Cuál es la esencia de un buen gobierno?, no resolver los asuntos con precipitación y no buscar el propio provecho”
Confucio
La gobernabilidad es la relación entre gobernantes y gobernados, es un estado o grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. La misma se ejerce bajo tres principios: eficacia, legitimidad y estabilidad.
Existen diversos grados de gobernabilidad: ideal, normal, déficit, crisis e ingobernabilidad.
La gobernabilidad ideal es cuando prevalece un equilibrio puntual entre respuestas y demandas, es decir, nos referimos a una sociedad sin conflicto.
En la gobernabilidad normal el equilibrio es dinámico entre las demandas y respuestas, donde las diferencias son aceptadas e integradas en el marco de la relación de gobierno.
Al déficit de gobernabilidad lo caracteriza un desequilibrio que amenaza la relación de gobierno y puede presentarse en diversas esferas como la política, económica y social.
La crisis de gobernabilidad surge cuando se presenta una conjunción de desequilibrios inesperados o intolerables.
Por último, la ingobernabilidad tiende a la disolución de la relación de gobierno, es el extremo negativo.
Un sistema político será más gobernable mientras tenga más capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y político.
Coincido con el Informe del Banco Mundial elaborado a principio de este sexenio del gobierno federal, en donde en su análisis sobre México enfatiza graves distorsiones políticas, la influencia excesiva de grupos de interés como élites económicas, partidos políticos y sindicatos con capacidad de afectación a las funciones y fuentes de ingresos del estado, la cual deriva en parálisis legislativa y obstaculización de la aprobación de reformas estructurales y prioritarias para el país.
Las reformas de los años 90’s de apertura comercial e inserción al libre mercado trajeron consigo beneficios para México, pero aún no hemos crecido en competitividad, no se ha consensuado un nuevo marco jurídico de competencia económica y por consiguiente, se ha privilegiado a los monopolios.
Los intereses creados mediante la confabulación del empresariado y la clase política, la partidocracia y la familiacracia, en sí el establisment mexicano, ha eludido las demandas sociales y por lo tanto, se han distanciado del pueblo.
En México tenemos democracia, más no necesariamente un gobierno democrático, el cual debe pugnar por el Interés Superior de la Nación y no por el de unos cuantos.
La responsabilidad política en el siglo XXI no es una necesidad, es una obligación frente a la ciudadanía.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha dejado de gobernar México, la política económica y monetaria ha sido conducida hasta la fecha por funcionarios públicos formados y vinculados con gobiernos o grupos políticos de ese partido.
El endeudamiento de las finanzas públicas de los estados y municipios, el alto riesgo de colapso de la seguridad social, la inseguridad pública, el desempleo, la corrupción y la pobreza son problemas heredados, el PRI gobernó varias décadas, es corresponsable de los actuales acontecimientos.
Recordemos, el PRI tiene mayoría en la cámara de diputados y gobierna 17 entidades federativas.
Hay crisis de credibilidad en las instituciones mexicanas, los partidos políticos y los legisladores ocupan los últimos lugares de conformidad con diversos estudios de opinión.
Es impostergable una reforma política para cambiar nuestro régimen, debemos pasar a uno semipresidencialista o incluso parlamentario, donde figure un jefe de gobierno electo por el poder legislativo, a fin de evitar un nuevo déficit de gobernabilidad imperante en nuestro país.
La reelección es una propuesta poco popular y así lo manifiestan el 80 por ciento de los mexicanos en diversas encuestas nacionales levantadas recientemente, sin embargo, es inaplazable el darle poder al ciudadano con las candidaturas independientes, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana.
Urge una reforma judicial para fortalecer la procuración, administración e impartición de justicia, un sistema imparcial, expedito y profesional que garantice los derechos por igual de todo ciudadano.
La reforma del poder legislativo es crucial para el presente de México, la iniciativa preferente hará eficiente el proceso de creación y reforma de leyes. La eliminación de los legisladores plurinominales es una demanda social, elijamos como única vía democrática de participación ciudadana y de no exclusión del derecho político a ser votado, los mejores perfiles desde los partidos políticos.
La reforma laboral y energética son apremiantes, la primera para encontrar un equilibrio justo entre los trabajadores y los patronos, además de la regulación de nuevas modalidades de trabajo y la segunda, con el fin modernizar el sector energético e impulsar un modelo de inversiones similar al de los países exitosos, citemos en el ramo del petróleo a Brasil.
Es trascendental aprobar una reforma hacendaria con tasas impositivas menores para ampliar la base del contribuyente, recaudar más, así como generar nuevas fuentes de ingresos en los tres niveles de gobierno.
Es el momento de construir una nueva gobernabilidad democrática.
«Hablar de gobernabilidad democrática y de un estado social de derecho son temas muy amplios, motivo por el cual me enfocaré específicamente en el primero.
La gobernabilidad es la relación entre gobernantes y gobernados, es un estado o grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. La misma se ejerce bajo tres principios: eficacia, legitimidad y estabilidad.
Existen diversos grados de gobernabilidad: ideal, normal, déficit, crisis e ingobernabilidad.
La gobernabilidad ideal es cuando prevalece un equilibrio puntual entre respuestas y demandas, es decir, nos referimos a una sociedad sin conflicto.
En la gobernabilidad normal el equilibrio es dinámico entre las demandas y respuestas, donde las diferencias son aceptadas e integradas en el marco de la relación de gobierno.
Al déficit de gobernabilidad lo caracteriza un desequilibrio que amenaza la relación de gobierno y puede presentarse en diversas esferas como la política, económica y social.
La crisis de gobernabilidad surge cuando se presenta una conjunción de desequilibrios inesperados o intolerables.
Por último, la ingobernabilidad tiende a la disolución de la relación de gobierno, es el extremo negativo.
Un sistema político será más gobernable mientras tenga más capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y político.
Coincido con el Informe del Banco Mundial elaborado al principio de este sexenio del gobierno federal, en donde en su análisis sobre México enfatiza graves distorsiones políticas, la influencia excesiva de grupos de interés como élites económicas, partidos políticos y sindicatos con capacidad de afectación a las funciones y fuentes de ingresos del estado, la cual deriva en parálisis legislativa y obstaculización de la aprobación de reformas estructurales y prioritarias para el país.
Las reformas de los años 90’s de apertura comercial e inserción al libre mercado trajeron consigo beneficios para México, pero aún no hemos crecido en competitividad, no se ha consensuado un nuevo marco jurídico de competencia económica y por consiguiente, se ha privilegiado a los monopolios.
Los intereses creados mediante la confabulación del empresariado y la clase política, la partidocracia y la familiacracia, en sí el establisment mexicano, ha eludido las demandas sociales y por lo tanto, se han distanciado del pueblo.
En México tenemos democracia, más no necesariamente un gobierno democrático, el cual debe pugnar por el Interés Superior de la Nación y no por el de unos cuantos.
La responsabilidad política en el siglo XXI no es una necesidad, es una obligación frente a la ciudadanía.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha dejado de gobernar México, la política económica y monetaria ha sido conducida hasta la fecha por funcionarios públicos formados y vinculados con gobiernos o grupos políticos de nuestro partido.
El endeudamiento de las finanzas públicas de los estados y municipios, el alto riesgo de colapso de la seguridad social, la inseguridad pública, el desempleo, la corrupción y la pobreza son problemas heredados, nosotros gobernamos varias décadas, somos corresponsables de los acontecimientos contemporáneos.
Recordemos, tenemos mayoría en la cámara de diputados y gobernamos 17 entidades federativas.
Hay crisis de credibilidad en las instituciones mexicanas, los partidos políticos y los legisladores ocupan los últimos lugares de conformidad con diversos estudios de opinión.
Es impostergable una reforma política para cambiar nuestro régimen, debemos pasar a uno semipresidencialista o incluso parlamentario, donde figure un jefe de gobierno electo por el poder legislativo, a fin de evitar un nuevo déficit de gobernabilidad imperante en nuestro país.
La reelección es una propuesta poco popular y así lo manifiestan el 80 por ciento de los mexicanos en diversas encuestas nacionales levantadas recientemente, sin embargo, es inaplazable el darle poder al ciudadano con las candidaturas independientes, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana.
Urge una reforma judicial para fortalecer la procuración, administración e impartición de justicia, un sistema imparcial, expedito y profesional que garantice los derechos por igual de todo ciudadano.
La reforma del poder legislativo es crucial para el presente de México, la iniciativa preferente hará eficiente el proceso de creación y reforma de leyes. La eliminación de los legisladores plurinominales es una demanda social, elijamos como única vía democrática de participación ciudadana y de no exclusión del derecho político a ser votado, los mejores perfiles desde nuestro partido político.
La reforma laboral y energética son apremiantes, la primera para encontrar un equilibrio justo entre los trabajadores y los patronos, además de la regulación de nuevas modalidades de trabajo y la segunda, con el fin modernizar el sector energético e impulsar un modelo de inversiones similar al de los países exitosos, citemos en el ramo del petróleo a Brasil.
Es trascendental aprobar una reforma hacendaria con tasas impositivas menores para ampliar la base del contribuyente, recaudar más, así como generar nuevas fuentes de ingresos en los tres niveles de gobierno.
Como militante priísta por más de 19 años e integrante de la corriente reformadora encabezada por el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, estoy plenamente convencido de que nuestro partido primero debe elaborar y presentar el proyecto de nación, el programa de gobierno, nuestra plataforma política, previamente a la selección de cualquier candidato a un cargo de elección popular.
Actualmente, los mexicanos exigen liderazgos con capacidad y experiencia para resolver los problemas de México, por ende, aprovecho este foro para manifestar y respaldar públicamente al perfil más idóneo para ser nuestro próximo candidato a la presidencia de la república, el sonorense y Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Por un país con orden y rumbo, crecimiento económico y bienestar social, el cambio hagámoslo juntos».
“La democracia constituye por consiguiente un sistema político complejo en cuanto que vive de pluralidades, competencias y antagonismos permaneciendo como una comunidad”
Edgar Morin
La reforma electoral 2007-2008 es un gran avance en esa materia, se regulan los actos anticipados de precampaña y campaña electoral. Además, se establecen reglas más claras y apegadas a los principios de equidad en la competencia e imparcialidad en el caso del uso de recursos públicos por parte de servidores o funcionarios.
Se han incluido una diversidad de supuestos jurídicos en base a la legalidad, sin embargo, la reforma electoral no puede ser omnicomprensiva. Este es un problema de nuestro sistema jurídico rígido, donde desconfiamos en los jueces para interpretar las leyes y por lo tanto, los legisladores buscan integrar todas las hipótesis normativas, un fenómeno en la doctrina francesa denominado “Problema Alphonse-Gaston”.
Un ejemplo de la supletoriedad en las deficiencias del legislador, lo podemos encontrar en el reciente “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos”, mismo que complementa en gran parte lo plasmado en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución y demás normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
La reforma trae como consecuencia el surgimiento de usos y prácticas para evitar las sanciones estipuladas durante el proceso electoral, el cual inicia los primeros días del mes de octubre del año previo a la jornada. Uno de ellos, son los actos anticipados de precampaña y/o campaña realizados con antelación a esa fecha, con el objeto de tomar ventaja frente a diversos aspirantes o partidos políticos, trasgrediendo la igualdad de circunstancias para aquellos que desean ejercer el derecho político de ser votado y afectando la gobernabilidad e institucionalidad de los cargos de elección popular en turno, esencialmente al Poder Ejecutivo en sus tres niveles.
Sin duda alguna, se están presentando acontecimientos extraordinarios en el ámbito electoral, la creciente e inusitada tendencia a la judicialización de los procesos a partir de la aprobación de la reforma. Existen varias razones y justificaciones para el entendimiento de este prodigio: a) Los resultados electorales cada vez más cerrados en los procesos; b) La falta de conocimiento total o dominio de la nueva ley electoral (derecho sustantivo) por parte de los aspirantes, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía; c) Y por último, la insuficiente jurisprudencia, criterios generales y alcances por parte de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales para la aplicación de la ley (derecho procesal).
Las elecciones federales, estatales y municipales del próximo año, serán un verdadero reto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los órganos locales.
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