«Los grupos de poder afines al actual gobierno federal pactaron impulsar y aprobar la Ley de Seguridad Interior como un instrumento de represión para contener los estallidos sociales posteriores a la jornada, ante un inminente fraude electoral en 2018 en contra de Andrés Manuel Lopéz Obrador mediante compra y coacción de votos y promoción de terror para inhibir el sufragio o generar abstencionismo».
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