Integralia Consultores publica un reporte especial de los dos primeros dos años del gobierno, ¿ha ocurrido una verdadera transformación?.
RESUMEN EJECUTIVO
Andrés Manuel López Obrador es un presidente popular que ha despertado enormes
expectativas de cambio —notoriamente en el combate a la corrupción y en mejorar las
condiciones de vida de los grupos más vulnerables. Al cumplir dos años de mandato, la
aprobación presidencial se ubica en un promedio de 60% y no se vislumbra ningún evento
que pudiese desmoronar esa posición en el corto plazo.
No solo la aprobación presidencial se mantiene sólida; también ha mejorado la confianza en
las instituciones. La confianza en el gobierno federal pasó de 25.5% en 2017 a 51.2% en
2019; la del Ejército y la Marina pasó de 62.2% a 73.6%; incluso la del Congreso aumentó de
20.6% a 30.2% y la de los partidos políticos de 17.8% a 24.6% en el mismo periodo (Encig-
Inegi). Sin duda, la confianza que ha generado López Obrador ha beneficiado también a las
instituciones políticas.
La aprobación presidencial es resultado de la satisfacción emocional de un presidente que
—en opinión de muchos— combate los privilegios de “los de arriba” para apoyar a “los de
abajo”. Aunque los datos sugieren que el gobierno no ha cumplido muchas de sus promesas
—por ejemplo, en temas de seguridad, crecimiento económico o combate real a la
corrupción— la mayoría de los mexicanos sigue evaluando positivamente al presidente por
sus “buenas intenciones” y su aura de austeridad y cercanía con el pueblo.
Los principales logros materiales de la administración han sido reducir el dispendio en la
administración pública federal, aunque el impacto presupuestario ha sido modesto. Las
medidas de austeridad en 2019 significaron un ahorro de 28,536 millones de pesos (0.49%
del presupuesto); en 2020 —con cifras preliminares— la austeridad alcanzaría los 107 mil
millones de pesos. Aunque ambas cifras son relevantes en sí mismas, son menores en
relación al tamaño del presupuesto.
Asimismo, el gobierno ha fortalecido la investigación del lavado de dinero, la evasión fiscal
y la corrupción gubernamental a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el
Sistema de Administración Tributaria (SAT). También se ha combatido la defraudación fiscal
de empresas “factureras” que desviaban recursos y dejaban de pagar contribuciones con
operaciones simuladas. Aunque estas medidas contribuyen a combatir la corrupción
gubernamental y reducir el precio de las adquisiciones y contrataciones, el gobierno está
lejos de “ahorrar” los 500 mil millones de pesos anuales que López Obrador prometió por
combatir la corrupción.
En materia social, el gobierno ha expandido los programas sociales que llegan a amplios
sectores de la población. Aunque se carece de padrones de beneficiarios confiables, amplios
segmentos de la población expresan satisfacción, notoriamente por las becas a jóvenes y los
apoyos a la tercera edad. Tan solo este programa pasó de 40 mil millones de pesos en 2018
a 133 mil millones de pesos en 2020.
En materia económica, el gobierno ha cumplido su compromiso de endeudamiento
moderado y respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México, lo cual ha contribuido
a los niveles récord que se observan en las reservas internacionales, a que las tasas de interés se encuentren cercanos a sus niveles mínimos y a que la estabilidad macroeconómica se mantenga.
Sin embargo, la meta de crecimiento económico —4% en promedio para el sexenio— no se
alcanzará. Las medidas para detener la implementación de la reforma energética y la
incertidumbre jurídica que ha gestado la administración de López Obrador han dañado la
confianza empresarial y se estima que hasta 2024 la economía mexicana recuperará el
tamaño que tenía en 2018.
La principal deficiencia del gobierno es la incapacidad para definir rutas de acción para lograr sus objetivos y metas. El Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Cámara de Diputados en junio de 2019 es un documento retórico y político que denosta el llamado pasado neoliberal pero que carece de metas, indicadores y líneas de acción. Asimismo, faltan estrategias integrales para combatir la corrupción, la inseguridad, la pandemia Covid-19 y reconvertir al sistema de salud público (Insabi).
El corolario de la falta de planeación es la falta de resultados tangibles. Como se señala en
este reporte, los resultados en combate a la corrupción son más retóricos que reales; los
niveles de inseguridad pública mantienen niveles muy elevados y no se detecta un cambio
de tendencia; finalmente, la pandemia ha costado ya más de 100 mil fallecimientos y más
de un millón de contagios sin que se vea una solución real al problema que no sea una
vacuna cuya fecha de aplicación masiva es aún incierta.
Asimismo, la política de austeridad ha afectado áreas sustantivas de la administración
pública (por ejemplo, para enfrentar desastres naturales), ha dilapidado cuadros directivos
con larga experiencia que han sido relegados o despedidos, ha desmontado estructuras
burocráticas que cumplían funciones de fomento o regulación (por ejemplo, Pro México) y
ha reducido programas esenciales como el de apoyo a la modernización de policías locales.
Los principales desafíos de la administración de López Obrador incluyen la sostenibilidad
fiscal de su proyecto político —básicamente fondear sus programas sociales y la terminación
de sus proyectos de infraestructura en un esquema de equilibrio fiscal. Ello implica,
necesariamente, una reforma fiscal después de las elecciones de 2021 que —bien hecha—
podría recuperar la confianza empresarial; sin embargo, es probable que deteriore aún más
dicha confianza si se basa en gravar más a los contribuyentes cautivos.
Otro desafío es la aplicación universal e irrestricta de la ley. López Obrador ha dicho, una y
otra vez, que la justicia está por encima de las leyes. Eso genera una enorme discrecionalidad para aplicarlas y fomenta temor empresarial de que inversiones en marcha —Constellation Brands, por ejemplo— puedan ser revertidas por razones políticas o sociales. También existe duda si la bandera anticorrupción del presidente es real: muchas denuncias hechas contra aliados políticos de AMLO, incluido su hermano Pío, no reciben la atención requerida mientras aquellas en contra de adversarios son usadas por el mismo presidente para exigir justicia y atacar la reputación de personas.
Finalmente, aunque en el primer año de gobierno hubo una ligera mejoría en los indicadores
sociales (aumento del salario mínimo, baja inflación y un mayor gasto social), el impacto de
la pandemia sobre el empleo y la caída de la actividad económica implican un reto enorme
para evitar que López Obrador entregue malas cuentas en materia social cuando termine su
mandato en 2024.
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