Aunque el Gobierno Federal ha declarado la lucha anticorrupción como una de sus principales banderas, las acciones y resultados para atender un fenómeno complejo han sido insuficientes. Con el objetivo de proveer evidencia para la discusión pública en materia anticorrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se enfoca en una de las áreas más vulnerables a la corrupción: las compras públicas. Por ello, desarrolló el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), un análisis que monitorea de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS FEDERALES 2021

• COMPETENCIA. 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia. 83% del monto gastado en compras por Liconsa se asignó mediante procedimientos de excepción (adjudicaciones directas e invitaciones restringidas). Las compras públicas del Banco del Bienestar también se caracterizaron por procedimientos sin competencia: 89% del monto contratado se adjudicó directamente.

• TRANSPARENCIA. Una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos. 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes. Además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.

• CUMPLIMIENTO DE LA LEY. Las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, 35 millones a proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

Origen: Índice de Riesgos de Corrupción 2022