El exvocero presidencial utilizó un decreto sobre extrabajadores de LyFC como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, según el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, del que Proceso adelanta este capítulo.
Origen: Un decreto a la medida de Jesús Ramírez: afectación al erario por 27 mil millones de pesos
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