El desplazamiento forzado interno en México continúa sin una ley que lo regule, pese a dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a un amparo pendiente en la Suprema Corte.
Durante la autollamada Cuarta Transformación ni el Ejecutivo federal, el Senado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación han querido enfrentar el problema del desplazamiento forzado en México, que afecta a casi medio millón de personas y que ha propiciado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2020, después de 14 años de iniciada la guerra contra el narcotráfico emprendida durante el gobierno de Felipe Calderón y luego de dos recomendaciones de la CIDH, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Pero casi seis años después la minuta está congelada en el Senado.
FUENTE.- Proceso
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