La incongruencia

“Los políticos son siempre realistas en maniobras para las próximas elecciones. Ellos son obsoletos para resolver problemas”

Richard Buckminster Fuller

El martes 28 de diciembre fue aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011, es decir, el dinero que gastarán el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos descentralizados y autónomos.

Un debate importante sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos, se centró en los recursos determinados para el pago de honorarios de los promotores o gestores sociales del Programa “Creser”, cuyo objetivo es brindar a las familias en condiciones de pobreza y de falta de oportunidades, apoyo social e institucional mediante atención personalizada en los temas de vivienda, educación, salud y registros oficiales, primordialmente.

Los Diputados Locales decidieron eliminar 52 millones de pesos etiquetados para este rubro, pero aprobaron 99 millones de pesos para gestión legislativa a través de sus grupos parlamentarios, a fin de realizar actividades de enlace ciudadano, comunicar, difundir y elaborar leyes que consideren las demandas sociales.

Si desglosamos el monto aprobado para gestión legislativa entre los 33 integrantes del Congreso Local, obtenemos la cantidad de 3 millones de pesos por cada legislador.

Según el decreto aprobado, dichos recursos estarán sujetos a reglas de operación y de fiscalización, las cuales serán emitidas por el Congreso mismo. Además, obligará a transparentar el destino del gasto, así como los beneficiarios.

De conformidad con el artículo 9, párrafo segundo, de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el Congreso tiene capacidad y autonomía plena para formular anualmente su propio presupuesto de egresos. Por otro lado, el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, señala que toda resolución del Congreso tendrá el carácter de Ley o Decreto.

Las fracciones X, XI y XVI del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, facultan a los diputados para establecer oficinas de enlace con sus representados, tener acceso a personal de apoyo y asesoría y a mecanismos para difundir e informar a la población sobre el trabajo legislativo realizado, todo ello en base al presupuesto de egresos aprobado.

Por otra parte, los artículos 168 y 169 de esa misma Ley, obligan a los Grupos Parlamentarios a distribuir los recursos específicamente en cumplimiento de sus funciones y a presentar un informe semestral ante el Congreso del Estado. A falta del mismo, solamente se plasma como sanción la suspensión de las ministraciones siguientes.

La supresión de los recursos estipulados a los gestores sociales del Programa “Creser” por parte de los Diputados Locales, denota la insensibilidad a la pobreza, el uso indebido de facto más no de jure de los recursos de la ciudadanía (impuestos), con fines electorales partidarios y personalísimos.

A cada gestor social se contemplaba pagarle 3 mil 500 pesos mensuales, lo que se traduce en empleo temporal. Sin embargo, los Diputados Locales tendrán millones de pesos, casi el doble de lo presupuestado para la nómina de los gestores.

Estos recursos eran importantes para la operación eficiente del Programa “Creser”, como lo fueron en el Programa “Pasos”, a diferencia que hoy los funcionarios visitan directamente a las personas más necesitadas, no se quedan las acciones en un escritorio.

Los Diputados Locales pudieron haber optado acertadamente por la inspección y vigilancia del programa, en lugar de la exclusión de los recursos. Ahora existe el riesgo del voto de castigo para aquellos partidos políticos que rechazaron la propuesta del Ejecutivo.

Los partidos políticos tienen actualmente una suma considerable de prerrogativas, reciben presupuesto por parte del Instituto Federal Electoral, de los Consejos Estatales Electorales, de los Grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) y de los Congresos Locales (Diputados Locales).

Si bien los recursos asignados a los Diputados Locales y Grupos Parlamentarios (Partidos Políticos en el Congreso) están justificados jurídicamente, el monto es humillante para el ciudadano y esclavizante para el más desprotegido por las necesidades apremiantes y la falta de recursos en el país para infraestructura, educación, salud y vivienda, entre otras, esa es la incongruencia.