“A mi juicio, el mejor gobierno es el que deja a la gente en paz”
Walt Whitman
Ante el inminente triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección presidencial de este año y después de dos sexenios de alternancia con el Partido Acción Nacional (PAN), la próxima administración está obligada a lograr una estabilidad política, económica y social, una gobernabilidad democrática en nuestro país.
El crimen organizado desde los años 70’s fue paulatinamente permeando en la sociedad mexicana. Primero, en las autoridades encargadas de la seguridad hasta incursionar en los tres niveles de gobierno y poderes de la unión. Segundo, en los gobernados a falta de oportunidades: empleo, educación y pobreza.
Hoy en muchos municipios de nuestro país, los presidentes municipales y funcionarios públicos son colocados por los cárteles locales. Los candidatos a cargos de elección popular son impulsados desde los partidos políticos por una nueva estructura de poder, el narcotráfico.
El cacicazgo como obstáculo político para aquellos que desean participar en la política, quedó rebasado.
Empresarios que se han venido a menos, profesionistas desesperados por la ausencia de empleos y mejores remuneraciones, campesinos y jóvenes que no estudian ni trabajan son un segmento de población susceptible a ser invitados a colaborar con el crimen organizado.
Las infiltraciones en las autoridades gubernamentales han llegado a un grado muy preocupante. Recientemente podemos mencionar los casos de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Cd. de México y el de los funcionarios norteamericanos en la carretera a Cuernavaca, Morelos.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han identificado servidores públicos involucrados con el crimen organizado, lo mismo se ha presentado con legisladores federales.
Los bloqueos del narcotráfico en Michoacán, Jalisco y Nuevo León son ejemplos de la situación de ingobernabilidad a la que se está llegando en ciertas regiones de México.
La nueva legislatura del Congreso de la Unión tiene una tarea esencial, aprobar las reformas urgentes para el país como la laboral, fiscal, energética y demás, todo ello con el objeto de tener instrumentos que nos permitan implementar políticas públicas para reducir la desigualdad en el país.
La clase política, económica y la sociedad en su conjunto tendrán la co-responsabilidad de la gobernabilidad en México.
Los señalamientos y las culpabilidades deberán ser una página del pasado.
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