«En el siglo XXI, las administraciones estatales y municipales así como los congresos locales están obligados a instaurar un servicio profesional de carrera, con el objeto de promover la permanencia de los mejores perfiles con capacidad y experiencia, además de evitar la ineficiencia gubernamental, el nepotismo y tráfico de influencias con familiares y amistades, factores determinantes en la incidencia de corrupción».
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