“Pido perdón por las injusticias infligidas a los no católicos en el curso de la atormentada historia de estas gente; y al mismo tiempo aseguro el perdón de la iglesia católica por el daño que han sufrido sus hijos”
Juan Pablo II
En el 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó con treinta y nueve votos a favor, veinte en contra y cinco abstenciones, la reforma al Código Civil, la cual reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Posteriormente, la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad, argumentando la protección de la familia tradicional y la violación de los derechos de los niños, la resolución fue contraria.
En agosto del presente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional la adopción infantil por parte de matrimonios entre homosexuales, al respetar el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna. Fueron nueve votos a favor y dos en contra con lo que el máximo tribunal avaló las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal.
El dictamen establece que las adopciones por homosexuales que se realicen en la Cd. de México, deberán de respetarse por los treinta y un estados de la república y será la decisión de un juez civil la que resuelva si una pareja reúne los requisitos o no para la adopción, independientemente de su preferencia sexual.
En los últimos años, se han legislado en la capital de nuestro país varios temas muy controvertidos y debatibles para la Iglesia Católica, como el aborto, las sociedades en convivencia, la voluntad anticipada (eutanasia) y el más reciente, el matrimonio entre homosexuales y la adopción infantil. Ello ha traído como consecuencia un rijoso clima entre ambas partes.
El Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, expresó “¿a ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas?» y acusó de “maicear” a los ministros de la Suprema Corte para aprobar las adopciones y de actos de corrupción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Posteriormente, la Conferencia del Epicospado Mexicano emitió un comunicado en el que defendía la libertad de expresión y mostraba su solidaridad al cardenal.
En nuestro país estamos siendo testigos de una lucha entre liberales y conservadores, vivimos análogamente el periodo histórico de reforma, cuando se elaboró el Plan de Ayutla y se inició la Guerra de Tres Años, la aprobación de leyes liberales (Constitución de 1857) y el ascenso de Benito Juárez como Presidente de la República, a quien se le atribuye popularmente la frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
En el Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó hace dos semanas una demanda por daño moral contra el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero. Son ya muchas las instituciones involucradas que han fijado su postura o iniciado procesos ante este acontecimiento, como son: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La separación del Estado-Iglesia está plasmada en nuestra Constitución en su artículo 130 y su inciso e) denota lo siguiente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
Creo en la libertad de expresión, sin embargo, si analizamos jurídicamente lo declarado por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, nos encontramos en un supuesto que señala el artículo constitucional, al oponerse a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a una institución, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según el censo del año 2000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 88% de los mexicanos son católicos. A pesar de ello, el especialista en asuntos religiosos, Elio Masferrer, afirma que de acuerdo a un estudio, la mitad de los mexicanos que se declaran católicos, ya no les interesa socializar con la Iglesia, además de que la gente cada vez se casa menos o se bautiza por la misma.
La Ciudad de México por ser una gran urbe, tiende a ser una sociedad más abierta que el resto del país (diversas variables sociológicas), por tal motivo, sus leyes y políticas públicas son más liberales. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, ha tenido la voluntad política de garantizar protección jurídica a grupos sociales minoritarios y de abordar temas candentes, pero ha cometido un grave error, se ha enfrentado a la Iglesia Católica cuando se encuentra a un paso de poder convertirse en candidato a la presidencia de la república, inclusive en una posible alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en el 2012.
Una vez más, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un respiro, los dos primeros para posicionarse políticamente y la última, para mostrar su autonomía ante el Ejecutivo y recuperar su imagen frente a su actuación en el caso de la Guardería ABC.
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