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“No escribas como periodista, lo que no puedas sostener como hombre”

Francisco Zarco

El periodismo es una ciencia social que recolecta, sintetiza y publica información de la actualidad. La noticia es la base del periodismo, pero podemos encontrar otros géneros como la crónica, el reportaje, la entrevista, el documental y la opinión.

La deontología y ética profesional son el conjunto de reglas que regulan y guían una actividad profesional. España es un buen ejemplo de estos códigos profesionales, como lo plasman los elaborados por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los cuales son aplicados por cualquiera que ejerza esa ocupación en dicho país.

En los países con sistemas democráticos, el periodismo está protegido por un marco jurídico, leyes y constitución. Esto incluye en algunos casos, el derecho del periodista a preservar en secreto la identidad de sus fuentes, incluso en un proceso judicial.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones, opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Nuestra constitución otorga en sus artículos 6 y 7, la libertad para manifestar ideas y de escribir y publicar sobre cualquier materia, siempre y cuando no se ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

México tiene periodistas profesionales que se arriesgan diariamente en su trabajo y hoy, la inseguridad que prevalece en nuestro país está coartando la libertad de expresión. La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, revela que en lo que va del año, 24 comunicadores han sido agraviados (asesinados, desaparecidos, amenazados o secuestrados) y 3 medios de comunicación han reportado ataques a sus instalaciones.

Según la organización Reporteros Sin Frontera, en 1994 se presentó una cifra alta de muertes, 103 periodistas, de los que casi la mitad murieron en el genocidio de Ruanda, cerca de una veintena en Argelia y una decena en la ex Yugoslavia. También destacan que murieron 32 colaboradores, al menos 871 periodistas fueron detenidos, 1472 agredidos o amenazados, 56 secuestrados y 912 medios de comunicación fueron censurados.

En nuestro país, el Gobierno Federal acaba de iniciar el Programa de Protección a Periodistas, el cual brindará seguridad para todos los comunicadores de alto riesgo y familiares. Son tres las acciones en las que se centra el programa: la seguridad personal; cambio de ciudad en caso de algún ataque; y por último, reforma legal para que se consideren delitos federales los asesinatos de los mismos.

Sin embargo, aún gobernantes y legisladores no han protegido a los ciudadanos que son atacados, calumniados y difamados por el pseudo-periodismo. A nuestro país le urge una reforma penal y civil que implementen procesos expeditos y menos costosos, los cuales garanticen el derecho del ciudadano frente a un pseudo-periodista o medio de comunicación, ya que actualmente se encuentra en un estado de indefensión de hecho (facto), más no jurídico (jure).

“Sólo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos”

Francis Bacon, Político y filósofo

En los últimos años, nuestro país ha enfrentado una serie de eventos naturales que han impactado a la población asentada en regiones no idóneas para el hábitat humano.

La reincidencia de estos sucesos ha generado un replanteamiento de las políticas de estado de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y planificación urbana.

Actualmente se sigue permitiendo el asentamiento humano en lugares con condiciones no aceptables, como cerros y riberas. Las recientes inundaciones en Veracruz y Tabasco nos reflejan el poder de la naturaleza, pero también esos acontecimientos se traducen en la irresponsabilidad del gobierno en sus tres niveles, al no tomar las medidas necesarias como el reordenamiento territorial y la inversión de infraestructura prioritaria para evitar desastres naturales de gran magnitud.

La ciudad de Monterrey, Nuevo León no estuvo exenta de las consecuencias que traen consigo el asentamiento humano en zonas que deberían estar restringidas para la vivienda, pudimos observar como colonias de clase media y alta fueron devastadas, es decir, no solo la población de escasos recursos (invasiones) son el segmento que se ve afectado.

Si bien existe un fondo presupuestario destinado a las catástrofes naturales, me refiero al FONDEN, no es suficiente para la reparación de daños, además que la tardanza de los recursos financieros agrava la situación de una región perjudicada.

Es importante que los municipios que son susceptibles a estos fenómenos naturales, consideren criterios e indicadores ambientales para la asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio.

Hay organismos internacionales como el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU), el cual acordó en 1996 un programa denominado “Hábitat”, un plan mundial en donde los gobiernos se comprometen a lograr una vivienda adecuada para todos y un desarrollo urbano sostenible.

En 1900, una de cada 10 personas vivían en ciudades, actualmente casi 3,000 millones de personas residen en centros urbanos y hay 23 ciudades, 18 de ellas pertenecientes a países en vías de desarrollo, con más de 10 millones de habitantes.

Un ejemplo de que en nuestro país si se pueden lograr avances en esta materia, es sin duda alguna, las nuevas políticas de edificación adoptadas a raíz del terremoto de 1985. Ahora la Ciudad de México cuenta con una serie de requisitos y medidas de prevención antisísmicas para la construcción de infraestructura.

Creo que es necesario que los gobernantes y legisladores de todo el país, enfoquen sus políticas públicas, programas y leyes hacia el asentamiento humano, reordenamiento territorial y planificación urbana, esto conllevará a un desarrollo regional sostenible, sin la necesidad de gastar nuevamente en la reconstrucción de comunidades y municipios dañados por la naturaleza.

“Lo que sabemos de la crisis financiera mundial es que no sabemos mucho”

Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía

El mundo ha pasado por la peor crisis financiera desde la Gran Depresión de 1930, nuestro país no ha sido ajeno a este acontecimiento, ello ha provocado un impacto importante en la economía y las finanzas públicas.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y Legislativo han implementado desde el 2009 una estrategia y una serie de medidas contracíclicas (reforma fiscal, recorte al gasto y disminución gradual del déficit público) para el periodo 2010-2012, con el objeto de recuperar la economía y lograr un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

Los ingresos petroleros han decrecido por dos factores esenciales, la caída del precio y de la plataforma de producción (agotamiento del yacimiento de Cantarell). Por eso es importante, cambiar la política de ingresos hacia una generación de los mismos por otras vías, como la tributaria (ampliación de la base contribuyente), no podemos seguir petrolizando nuestra economía.

El Paquete Económico 2011 (presupuesto de ingresos y egresos) privilegia el desarrollo social, la seguridad y el desarrollo económico (generación de empleos). La mezcla del petróleo se estima en 63 dólares por barril, en el balance público se espera un déficit total del sector de 2.3 por ciento y en los requerimientos financieros se plantea un 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por otra parte, en los ingresos públicos no se proponen medidas fiscales adicionales, sino que por segunda vez no se presenta la miscelánea fiscal en esta administración y se centra en la simplificación para facilitar el pago de impuestos a los contribuyentes.

En cuanto al gasto, se considera un crecimiento moderado de 2.1 por ciento real (62.5 mmp) sin inversión de PEMEX y 2.3 por ciento total. Las participaciones a las Entidades Federativas aumentan 6.8 por ciento real y las aportaciones 2.7 por ciento en relación a lo aprobado en el 2010, esto se traduce en mayor presupuesto para los estados y municipios. También se estiman ahorros por alrededor de los 20 mil millones de pesos, adicionales a los 134 mil millones de pesos logrados durante este sexenio.

La Secretaría de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública tendrán aumentos de 78.1, 10.3, 9.9 y 5.9 por ciento respectivamente en materia de seguridad. Para desarrollo social se presenta un incremento en la seguridad social de 3.4 por ciento y en salud de 2.7 por ciento. Para promover el crecimiento económico, la asignación propuesta considera aumentos reales en la Secretaría de Economía (6.8%), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT (4.2%) y Secretaría de Turismo (1.8%).

Para las pequeñas y medianas empresas se asigna un 10 por ciento más en comparación con el 2010 y con ésto, el Fondo PYME habrá crecido 246 por ciento desde el inicio de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

La inversión física directa (infraestructura) programada para el 2011 es de 4.8 por ciento real más que en el 2010. Se destinan mayores recursos para la infraestructura portuaria con un crecimiento de 24 por ciento.

Creo que en lo general, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, está adaptado a la situación económica–financiera global y a las prioridades de gasto de la nación. En lo particular, sería interesante realizar un análisis administrativo-económico, funcional, por destino y por grupo del gasto programable a la Secretaría de Gobernación, por su acrecentamiento de 78.1 por ciento.

“Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales y comienza su decadencia cuando puede ocuparse de los detalles accesorios”

Arnold Joseph Toynbee

Desde hace tres décadas, el país sigue sin avanzar en diversos temas de la Agenda Nacional, continúa en un espasmo producto de los distintos intereses de grupos de poder económicos y políticos (oligarquía).

El combate a la pobreza, la generación de empleos y los proyectos de infraestructura siguen siendo prioridades sexenales, pero hay asuntos eminentes que son parte de la Agenda Legislativa y que no han sido aprobados por los diputados y senadores durante varias legislaturas o en su caso lo han hecho de manera exprés.

La reformas urgentes y necesarias como la fiscal, laboral, energética, política, de seguridad y las relativas al ámbito judicial y de procuración de justicia se encuentran estancadas, por falta de voluntad de los legisladores (partidocracia) y de un nuevo sistema político (semipresidencialista) que permita una eficiente correlación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo.

Es importante que las reformas sean integrales, no se requiere ser un gran especialista para saber lo que México demanda, solo hay que usar el sentido común.

La reforma fiscal que nuestro país reclama, es simplemente la disminución gradual de los impuestos y la generalización de los mismos, es decir, la eliminación de impuestos especiales. Todo ello aunado a la simplificación tributaria e innovación tecnológica, con el objeto de ampliar la base contribuyente y estimular a la pequeña y mediana empresa.

En la reforma laboral, se deben de proteger los derechos con un justo equilibrio en la relación obrero-patronal. Algunas de las materias pendientes por legislar son: el régimen de subcontratación, tercerización u outsourcing; las condiciones mínimas que deben imperar en una relación laboral; las nuevas modalidades de contratación individual como los periodos de prueba, capacitación inicial y trabajo de temporadas; y por último, el salario por unidad de tiempo.

Por otra parte, la reforma energética aprobada en el 2008, no resuelve en totalidad las necesidades de este ramo, tenemos paraestatales (PEMEX y CFE) con una mayor autonomía de gestión y financiera, pero no obstante se encuentra inconclusa. Asimismo, la aprobación de la “Estrategia Nacional de Energía” está supeditada al Poder Legislativo, lo que provocará un retraso en los proyectos.

En lo concerniente a la reforma política, existen temas muy controversiales como la reelección de legisladores, las candidaturas independientes, la segunda vuelta electoral, la iniciativa ciudadana y la de mayor impacto político que ya está en el debate, la adopción de un nuevo sistema político.

En cuanto a las reformas de seguridad, judicial, penal y procuración de justicia se encuentran a la deriva varios proyectos como lo son: la ley de seguridad nacional, la extinción de dominio y el mando único de policías, entre otros.

Actualmente existe una crisis de credibilidad en las instituciones gubernamentales, pero a pesar de ello, la inseguridad y el desempleo nos pueden llevar a una cohesión social y por consiguiente, a una mayor participación ciudadana que se traduzca en una reconstrucción de nuestro país, México somos todos.

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias”

Barón de Montesquieu

En los últimos días se ha retomado el tema de la presentación del Informe Presidencial, algunos partidos y líderes políticos lo han abordado como una urgente reforma, a pesar de la reciente en el 2008.

El artículo 69 Constitucional expresa: “En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. La Carta Magna no impone al Presidente de la República a emitir un discurso sobre su informe en el Congreso de la Unión, sin embargo está obligado a asistir a entregarlo por escrito.

Por otra parte, el numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión denota: “El Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo de sesiones y que el Presidente de la República presente su informe; en tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores”. Por ende, esta ley deja abierta la posibilidad de que el Presidente de la República pronuncie un discurso que sintetice sus actividades del periodo correspondiente.

En administraciones anteriores, el primero de septiembre se celebraba como el día del presidente, los representantes más privilegiados de los diversos sectores de la sociedad (empresarios y clase política) y los medios de comunicación, asistían a la sección de galerías del Congreso de la Unión para escuchar en vivo el informe. Era notorio su interés, estaban pendientes de cada una de las palabras manifestadas por el Ejecutivo Federal, si era el último año de su gestión, un simple lenguaje corporal, fuere un guiño o una palmadita, podía destapar al próximo candidato.

Durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, se impulsó una ley de transparencia y diversos mecanismos de rendición de cuentas, pero es importante pasar a otra etapa en esta materia, debemos crear un nuevo modelo de interrelación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Nuestro sistema político es presidencialista, el cual está plasmado en nuestra Constitución. Es necesaria una reforma política integral que nos conduzca hacia un semipresidencialismo, donde el Presidente de la República, electo por sufragio, tenga cierta competencia de gobierno, pero sea el Primer Ministro elegido por el Parlamento (Congreso de la Unión) a petición del presidente, quien responda de su responsabilidad ante el Poder Legislativo.

La Cámara de Diputados y Senadores son órganos encargados de la fiscalización y la rendición de cuentas frente al Ejecutivo Federal, por tal motivo es urgente reformar la Constitución y el marco jurídico del Congreso de la Unión, para dar paso a un “Informe Parlamentario”, donde exista una correcta y respetuosa deliberación, con derechos de réplicas entre ambos poderes.

“Pido perdón por las injusticias infligidas a los no católicos en el curso de la atormentada historia de estas gente; y al mismo tiempo aseguro el perdón de la iglesia católica por el daño que han sufrido sus hijos”

Juan Pablo II

En el 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó con treinta y nueve votos a favor, veinte en contra y cinco abstenciones, la reforma al Código Civil, la cual reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Posteriormente, la Procuraduría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad, argumentando la protección de la familia tradicional y la violación de los derechos de los niños, la resolución fue contraria.

En agosto del presente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional la adopción infantil por parte de matrimonios entre homosexuales, al respetar el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna. Fueron nueve votos a favor y dos en contra con lo que el máximo tribunal avaló las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal.

El dictamen establece que las adopciones por homosexuales que se realicen en la Cd. de México, deberán de respetarse por los treinta y un estados de la república y será la decisión de un juez civil la que resuelva si una pareja reúne los requisitos o no para la adopción, independientemente de su preferencia sexual.

En los últimos años, se han legislado en la capital de nuestro país varios temas muy controvertidos y debatibles para la Iglesia Católica, como el aborto, las sociedades en convivencia, la voluntad anticipada (eutanasia) y el más reciente, el matrimonio entre homosexuales y la adopción infantil. Ello ha traído como consecuencia un rijoso clima entre ambas partes.

El Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, expresó “¿a ustedes les gustaría que los adopte una pareja de maricones o lesbianas?» y acusó de “maicear” a los ministros de la Suprema Corte para aprobar las adopciones y de actos de corrupción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón. Posteriormente, la Conferencia del Epicospado Mexicano emitió un comunicado en el que defendía la libertad de expresión y mostraba su solidaridad al cardenal.

En nuestro país estamos siendo testigos de una lucha entre liberales y conservadores, vivimos análogamente el periodo histórico de reforma, cuando se elaboró el Plan de Ayutla y se inició la Guerra de Tres Años, la aprobación de leyes liberales (Constitución de 1857) y el ascenso de Benito Juárez como Presidente de la República, a quien se le atribuye popularmente la frase “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

En el Juzgado Segundo en Materia Civil del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó hace dos semanas una demanda por daño moral contra el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero. Son ya muchas las instituciones involucradas que han fijado su postura o iniciado procesos ante este acontecimiento, como son: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La separación del Estado-Iglesia está plasmada en nuestra Constitución en su artículo 130 y su inciso e) denota lo siguiente: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Creo en la libertad de expresión, sin embargo, si analizamos jurídicamente lo declarado por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, nos encontramos en un supuesto que señala el artículo constitucional, al oponerse a una ley aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a una institución, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Según el censo del año 2000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 88% de los mexicanos son católicos. A pesar de ello, el especialista en asuntos religiosos, Elio Masferrer, afirma que de acuerdo a un estudio, la mitad de los mexicanos que se declaran católicos, ya no les interesa socializar con la Iglesia, además de que la gente cada vez se casa menos o se bautiza por la misma.

La Ciudad de México por ser una gran urbe, tiende a ser una sociedad más abierta que el resto del país (diversas variables sociológicas), por tal motivo, sus leyes y políticas públicas son más liberales. El Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, ha tenido la voluntad política de garantizar protección jurídica a grupos sociales minoritarios y de abordar temas candentes, pero ha cometido un grave error, se ha enfrentado a la Iglesia Católica cuando se encuentra a un paso de poder convertirse en candidato a la presidencia de la república, inclusive en una posible alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) en el 2012.

Una vez más, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un respiro, los dos primeros para posicionarse políticamente y la última, para mostrar su autonomía ante el Ejecutivo y recuperar su imagen frente a su actuación en el caso de la Guardería ABC.

“El que no transa, no avanza… A mí ponme donde hay… Todo es culpa del gobierno… ¿Para qué voto?, va a ganar el mismo…”

Dichos Populares

En nuestro país, la democracia se encuentra en otra etapa, los ciudadanos no están satisfechos con el simple hecho de ir a votar (democracia formal), desean participar en las decisiones gubernamentales (democracia participativa).

Hace alrededor de tres décadas, la participación ciudadana se institucionalizó y se convirtió en mandato legal al permitir que grupos sociales intervinieran en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, como lo prevé la Ley de Planeación de la Administración Pública Federal.

Actualmente, existen numerosas asociaciones civiles (ONG’S) en las que los ciudadanos participan activamente en distintas vertientes, como son: beneficencia social; ecología; y política, entre otras. Sin embargo, la participación ciudadana en comparación con países desarrollados, sigue siendo baja en México, el reciente canal de participación que impulsaron distintas empresas de medios de comunicación, con la organización “Iniciativa México”, lo demuestra, sólo se presentaron un poco más de cuarenta y siete mil iniciativas, de un total de población de más de ciento y cinco millones de habitantes.

Según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas levantada el 2008 por la Secretaría de Gobernación, el 6% de los mexicanos han firmado una carta o juntado firmas frente a un promedio mundial de 23% y únicamente el 8% ha asistido a una manifestación, mientras que en el 2005 asistieron el 16% de los encuestados, el promedio mundial fue de 14% (2005-2008).

La participación ciudadana tiene como objeto evaluar, cuestionar o apoyar las acciones de gobierno de manera independiente, sin formar parte de la administración pública o de un partido político en específico. Hay tres niveles de participación: el primero, tiene que ver con la información gubernamental (transparencia y rendición de cuentas); el segundo, con la consulta y debate de asuntos públicos (diálogo con autoridades); y por último, la gestión o cogestión (toma de decisiones y ejecución de políticas públicas compartidas).

Los principales beneficios que trae consigo el tomar parte en los planes y proyectos de gobierno, son los siguientes: aporta el punto de vista de los ciudadanos; evita problemas de aceptación y contestación por grupos inconformes; fortalece la transparencia; y por último, facilita la toma de decisiones y el desarrollo de los mismos.

En los últimos años hemos visto como diversos sectores de la sociedad se han sumado a los esfuerzos del gobierno, cito el “Acuerdo Nacional de Seguridad Justicia y Legalidad”. Hay avances en el ámbito de la participación ciudadana, pero aún falta mucho por hacer.

Necesitamos promover la participación ciudadana bajo tres ejes rectores, la corresponsabilidad social como “responsabilidad de todos, sociedad y gobierno”, la solidaridad como “lo que nos une, todos dependemos de todos” y la educación cívica como “lo que hacemos o dejamos de hacer”. A nuestro país le urgen liderazgos y ciudadanos con responsabilidad social, el cambio hagámoslo juntos.

“Borrego que se monta a temprana hora, se pandea”

Dicho Político

El pasado 4 de julio se llevaron acabo varios procesos electorales en nuestro país, entre ellos, la elección de gobernador en el estado de Tlaxcala. Días previos a la jornada electoral, el gobierno federal y el presidente de la república, estuvieron difundiendo campañas publicitarias en torno a la gestión de la administración.

El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), impuso una sanción administrativa al titular del poder ejecutivo federal, por considerar que la propaganda tiende a generar una inducción ilícita del voto de los ciudadanos y que de manera expresa, “atenta en contra de la libre determinación de la voluntad para sufragar, al contener mensajes que condicionan un beneficio o pretenden evitar un prejuicio dependiendo de su emisión en determinado sentido y en dado caso, tiende a beneficiar a un partido político o candidato”.

Posteriormente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), dentro de sus facultades y atribuciones constitucionales para sancionar, recientemente modificadas en la última reforma electoral, eximió de sanción alguna al ejecutivo federal, ya que determinó que el mandatario no incurrió en violación alguna al utilizar los medios electrónicos, aunque resolvieron que el mensaje sí fue propaganda electoral, además de que el órgano electoral estaba imposibilitado para sancionar al mandatario, quien sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común.

Sin embargo, nuestra carta magna señala lo siguiente: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” (Segundo párrafo del apartado C, de la fracción III del art. 41 Const.) y, “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” (Penúltimo párrafo de art. 134 Const.)

La propaganda del gobierno federal contenía los avances en la construcción de infraestructura hospitalaria, la creación de empleos y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. Si analizamos cada uno de ellas, podemos concluir que se viola la constitución: en el primer caso, a pesar de ser un tema de salud, su contenido promueve logros con la ampliación hospitalaria; en el segundo caso, presenta un incremento y recuperación de empleos y un futuro próximo laboral positivo; y por último, reafirma, consolida y justifica la política pública de seguridad, al aprovechar el acontecimiento político en Tamaulipas, el atentado al candidato priísta, Rodolfo Torre Cantú, el cuál es avalado por ser un tema de seguridad nacional, aún, al no estar contemplada en nuestra constitución.

La estrategia real del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al interponer este medio de impugnación en el Instituto Electoral de Tlaxcala y llevarlo al Instituto Federal Electoral, es sin duda alguna, conocer la resolución de las autoridades competentes en materia electoral, en el escenario análogo del posible candidato por ese partido, el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Si la sanción hubiera procedido contra el presidente de la república, el joven gobernador se encontraría en un supuesto jurídico constitucionalmente aplicable (Art. 41 y 134 Const.) que pudiera afectar a su partido económicamente e imposibilitar su candidatura, puesto que no hay jurisprudencia hasta el momento.

“Estamos frente a un evento sumamente prematuro que es la sucesión presidencial del 2012. Todo lo que se diga puede ser corregido en los siguientes 27 meses»

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera

Para poder entender la diferencia entre una alianza y una coalición es importante estudiar el marco jurídico vigente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el cuál solo define a las coaliciones y a nivel local, el Código Electoral para el Estado de Sonora, que estipula ambos conceptos.

Las alianzas y las coaliciones se presentan cuando dos o más partidos acuerdan unirse para presentar un mismo candidato, ambas establecen un convenio que contempla: una plataforma electoral, de acuerdo con la declaración de principios, programas de acción y estatutos adoptados, entre otros.

En la coalición serán considerados los partidos coaligados durante el proceso como un solo partido y no podrán de manera individual, registrar candidatos, además que se dará por terminada la misma cuando se concluya el proceso.

No se puede hablar de las alianzas electorales en nuestro país sin mencionar sus antecedentes. En 1987 se conformó el Frente Democrático Nacional (FDN) para postular a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la república, integrado por los partidos: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Popular Socialista, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, junto con otras agrupaciones pequeñas como el Social Demócrata, el Partido Verde y más tarde, el Movimiento al Socialismo, que tenía sus orígenes en el PSUM y Partido Mexicano de los Trabajadores, entre otros.

En la jornada electoral, la famosa caída del sistema provocó que la derecha y la izquierda entre Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier (candidato del PAN) y Rosario Ibarra de Piedra (candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores) hicieran a un lado sus diferencias y acudieran a demandar y reclamar las presuntas irregularidades ante el órgano competente y responsable de organizar las elecciones.

Entre otras alianzas y coaliciones de la oposición posteriores a la alternancia del año 2000, podemos mencionar la “Coalición por el Bien de Todos” y el “Frente Amplio Progresista”, los cuales aglutinaron a los partidos de izquierda y llevaron a un debatible triunfo electoral a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia y que con miras al 2012, se consolida el hoy “Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)”.

En los recientes procesos electorales del 4 de julio en diversas entidades federativas, se conformaron alianzas entre el partido en el poder (PAN) y los de izquierda (PRD-Convergencia-PT), con un fin pragmático (práctico), obtener un mayor número de votos frente a un partido fuerte o con amplias posibilidades de triunfo.

Si hablamos de manera cuantitativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrasó y recuperó estados, municipios y distritos locales, sin embargo, cualitativamente de conformidad con un análisis electoral, perdió ocho millones de gobernados y tres entidades importantes: Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en las que se consolidaron alianzas opositoras con candidatos ex priístas y que sumado a los resultados electorales en las demás entidades como Veracruz y Durango en las que hubo una diferencia mínima y competencia en otras, podemos concluir que la presidencia de la república no está definida aún para ningún partido.

El laboratorio político será sin duda alguna, el Estado de México, donde se vislumbra una alianza opositora y se acuerdan para el próximo año electoral otras en distintos estados (Guerrero, Michoacán, Nayarit y Baja California Sur), que en caso de ser exitosas, los escenarios políticos cambiarán la geopolítica, la tendencia está definida, en este momento no se puede descartar una alianza para la presidencia de la república en el 2012.