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“El que no transa, no avanza… A mí ponme donde hay… Todo es culpa del gobierno… ¿Para qué voto?, va a ganar el mismo…”

Dichos Populares

En nuestro país, la democracia se encuentra en otra etapa, los ciudadanos no están satisfechos con el simple hecho de ir a votar (democracia formal), desean participar en las decisiones gubernamentales (democracia participativa).

Hace alrededor de tres décadas, la participación ciudadana se institucionalizó y se convirtió en mandato legal al permitir que grupos sociales intervinieran en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, como lo prevé la Ley de Planeación de la Administración Pública Federal.

Actualmente, existen numerosas asociaciones civiles (ONG’S) en las que los ciudadanos participan activamente en distintas vertientes, como son: beneficencia social; ecología; y política, entre otras. Sin embargo, la participación ciudadana en comparación con países desarrollados, sigue siendo baja en México, el reciente canal de participación que impulsaron distintas empresas de medios de comunicación, con la organización “Iniciativa México”, lo demuestra, sólo se presentaron un poco más de cuarenta y siete mil iniciativas, de un total de población de más de ciento y cinco millones de habitantes.

Según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas levantada el 2008 por la Secretaría de Gobernación, el 6% de los mexicanos han firmado una carta o juntado firmas frente a un promedio mundial de 23% y únicamente el 8% ha asistido a una manifestación, mientras que en el 2005 asistieron el 16% de los encuestados, el promedio mundial fue de 14% (2005-2008).

La participación ciudadana tiene como objeto evaluar, cuestionar o apoyar las acciones de gobierno de manera independiente, sin formar parte de la administración pública o de un partido político en específico. Hay tres niveles de participación: el primero, tiene que ver con la información gubernamental (transparencia y rendición de cuentas); el segundo, con la consulta y debate de asuntos públicos (diálogo con autoridades); y por último, la gestión o cogestión (toma de decisiones y ejecución de políticas públicas compartidas).

Los principales beneficios que trae consigo el tomar parte en los planes y proyectos de gobierno, son los siguientes: aporta el punto de vista de los ciudadanos; evita problemas de aceptación y contestación por grupos inconformes; fortalece la transparencia; y por último, facilita la toma de decisiones y el desarrollo de los mismos.

En los últimos años hemos visto como diversos sectores de la sociedad se han sumado a los esfuerzos del gobierno, cito el “Acuerdo Nacional de Seguridad Justicia y Legalidad”. Hay avances en el ámbito de la participación ciudadana, pero aún falta mucho por hacer.

Necesitamos promover la participación ciudadana bajo tres ejes rectores, la corresponsabilidad social como “responsabilidad de todos, sociedad y gobierno”, la solidaridad como “lo que nos une, todos dependemos de todos” y la educación cívica como “lo que hacemos o dejamos de hacer”. A nuestro país le urgen liderazgos y ciudadanos con responsabilidad social, el cambio hagámoslo juntos.

“Borrego que se monta a temprana hora, se pandea”

Dicho Político

El pasado 4 de julio se llevaron acabo varios procesos electorales en nuestro país, entre ellos, la elección de gobernador en el estado de Tlaxcala. Días previos a la jornada electoral, el gobierno federal y el presidente de la república, estuvieron difundiendo campañas publicitarias en torno a la gestión de la administración.

El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), impuso una sanción administrativa al titular del poder ejecutivo federal, por considerar que la propaganda tiende a generar una inducción ilícita del voto de los ciudadanos y que de manera expresa, “atenta en contra de la libre determinación de la voluntad para sufragar, al contener mensajes que condicionan un beneficio o pretenden evitar un prejuicio dependiendo de su emisión en determinado sentido y en dado caso, tiende a beneficiar a un partido político o candidato”.

Posteriormente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), dentro de sus facultades y atribuciones constitucionales para sancionar, recientemente modificadas en la última reforma electoral, eximió de sanción alguna al ejecutivo federal, ya que determinó que el mandatario no incurrió en violación alguna al utilizar los medios electrónicos, aunque resolvieron que el mensaje sí fue propaganda electoral, además de que el órgano electoral estaba imposibilitado para sancionar al mandatario, quien sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves de orden común.

Sin embargo, nuestra carta magna señala lo siguiente: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” (Segundo párrafo del apartado C, de la fracción III del art. 41 Const.) y, “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” (Penúltimo párrafo de art. 134 Const.)

La propaganda del gobierno federal contenía los avances en la construcción de infraestructura hospitalaria, la creación de empleos y la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. Si analizamos cada uno de ellas, podemos concluir que se viola la constitución: en el primer caso, a pesar de ser un tema de salud, su contenido promueve logros con la ampliación hospitalaria; en el segundo caso, presenta un incremento y recuperación de empleos y un futuro próximo laboral positivo; y por último, reafirma, consolida y justifica la política pública de seguridad, al aprovechar el acontecimiento político en Tamaulipas, el atentado al candidato priísta, Rodolfo Torre Cantú, el cuál es avalado por ser un tema de seguridad nacional, aún, al no estar contemplada en nuestra constitución.

La estrategia real del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al interponer este medio de impugnación en el Instituto Electoral de Tlaxcala y llevarlo al Instituto Federal Electoral, es sin duda alguna, conocer la resolución de las autoridades competentes en materia electoral, en el escenario análogo del posible candidato por ese partido, el Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Si la sanción hubiera procedido contra el presidente de la república, el joven gobernador se encontraría en un supuesto jurídico constitucionalmente aplicable (Art. 41 y 134 Const.) que pudiera afectar a su partido económicamente e imposibilitar su candidatura, puesto que no hay jurisprudencia hasta el momento.

“Estamos frente a un evento sumamente prematuro que es la sucesión presidencial del 2012. Todo lo que se diga puede ser corregido en los siguientes 27 meses»

Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera

Para poder entender la diferencia entre una alianza y una coalición es importante estudiar el marco jurídico vigente, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), el cuál solo define a las coaliciones y a nivel local, el Código Electoral para el Estado de Sonora, que estipula ambos conceptos.

Las alianzas y las coaliciones se presentan cuando dos o más partidos acuerdan unirse para presentar un mismo candidato, ambas establecen un convenio que contempla: una plataforma electoral, de acuerdo con la declaración de principios, programas de acción y estatutos adoptados, entre otros.

En la coalición serán considerados los partidos coaligados durante el proceso como un solo partido y no podrán de manera individual, registrar candidatos, además que se dará por terminada la misma cuando se concluya el proceso.

No se puede hablar de las alianzas electorales en nuestro país sin mencionar sus antecedentes. En 1987 se conformó el Frente Democrático Nacional (FDN) para postular a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la república, integrado por los partidos: Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Popular Socialista, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, junto con otras agrupaciones pequeñas como el Social Demócrata, el Partido Verde y más tarde, el Movimiento al Socialismo, que tenía sus orígenes en el PSUM y Partido Mexicano de los Trabajadores, entre otros.

En la jornada electoral, la famosa caída del sistema provocó que la derecha y la izquierda entre Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Clouthier (candidato del PAN) y Rosario Ibarra de Piedra (candidata del Partido Revolucionario de los Trabajadores) hicieran a un lado sus diferencias y acudieran a demandar y reclamar las presuntas irregularidades ante el órgano competente y responsable de organizar las elecciones.

Entre otras alianzas y coaliciones de la oposición posteriores a la alternancia del año 2000, podemos mencionar la “Coalición por el Bien de Todos” y el “Frente Amplio Progresista”, los cuales aglutinaron a los partidos de izquierda y llevaron a un debatible triunfo electoral a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia y que con miras al 2012, se consolida el hoy “Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)”.

En los recientes procesos electorales del 4 de julio en diversas entidades federativas, se conformaron alianzas entre el partido en el poder (PAN) y los de izquierda (PRD-Convergencia-PT), con un fin pragmático (práctico), obtener un mayor número de votos frente a un partido fuerte o con amplias posibilidades de triunfo.

Si hablamos de manera cuantitativa, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrasó y recuperó estados, municipios y distritos locales, sin embargo, cualitativamente de conformidad con un análisis electoral, perdió ocho millones de gobernados y tres entidades importantes: Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en las que se consolidaron alianzas opositoras con candidatos ex priístas y que sumado a los resultados electorales en las demás entidades como Veracruz y Durango en las que hubo una diferencia mínima y competencia en otras, podemos concluir que la presidencia de la república no está definida aún para ningún partido.

El laboratorio político será sin duda alguna, el Estado de México, donde se vislumbra una alianza opositora y se acuerdan para el próximo año electoral otras en distintos estados (Guerrero, Michoacán, Nayarit y Baja California Sur), que en caso de ser exitosas, los escenarios políticos cambiarán la geopolítica, la tendencia está definida, en este momento no se puede descartar una alianza para la presidencia de la república en el 2012.