“Las obras públicas no se construyen con el poder milagroso de una varita mágica. Son pagados con los fondos arrebatados a los ciudadanos”
Ludwig Von Mises
Actualmente las entidades federativas y los municipios del país han incrementado su deuda pública y el gasto corriente, lo cual aunado a la falta de fuentes de ingresos propios han impedido destinar mayores recursos a los proyectos de inversión u obras públicas municipales.
De diciembre de 2008 a junio de 2010, el saldo de la deuda pública en las entidades federativas creció 33 por ciento, al pasar de 203 mil a casi 270 mil millones de pesos. A septiembre de 2010, las obligaciones financieras del Estado de Sonora y sus municipios tenían un saldo de 12,243.6 millones de pesos de deuda pública.
El gasto corriente, es decir, lo que se eroga en recursos humanos, bienes y servicios para la función administrativa en el sector público, también contabiliza las remuneraciones a los servicios de salud, educación y seguridad pública, las transferencias a las entidades federativas, y en general, todo el financiamiento de la política social, combate a la pobreza, de generación de oportunidades de empleo y desarrollo.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los últimos nueve años el gobierno federal ha reducido la participación del gasto corriente en el gasto programable de 83.5 a 76 por ciento, destacando la disminución en el concepto de servicios personales de 53 a 42 por ciento, todo ello derivado por el congelamiento de más de 18 mil plazas y los sueldos de los puestos de mando, además de la reducción del 10 por ciento de las remuneraciones de los altos funcionarios.
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2008, los municipios del país representan un mayor gasto corriente que los gobiernos estatales, ya que alcanzó a nivel nacional el 56 por ciento de los egresos de los ayuntamientos.
Para la Consultora Aregional, en el 2008 se destinaron 31 pesos de cada 100 pesos para el pago de burocracia en el gasto corriente municipal. En otra vertiente, entre el 2005 y 2008 el gasto corriente a nivel agregado nacional creció a una tasa promedio anual de 7.3 por ciento en términos reales, lo que se traduce en menor presupuesto para invertir en obra pública básica y social.
Ante este diagnóstico, los 2,240 municipios del país y los 72 de Sonora están obligados a hacer uso de la gestión financiera y en su caso del financiamiento para obras públicas.
La gestión financiera es el proceso por el cual se consigue, mantiene y se hace uso del dinero, sea físico o por cualquier otro instrumento. Su acepción económica está relacionada con los resultados, las ganancias, las pérdidas y los costos, mientras que la financiera con el movimiento de fondos, los ingresos (fuentes) y los egresos (aplicaciones).
El financiamiento es el conjunto de recursos financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de préstamos que complementan los recursos propios o el déficit presupuestario gubernamental. El financiamiento es parte de la gestión financiera y puede ser público, privado e internacional, en los que podemos encontrar diversas fuentes: recursos públicos fiscales (contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos y demás); recursos privados (banca comercial, instituciones financieras, fundaciones y empresas); y por último, recursos internacionales (Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas-ONU, Banco Interamericano de Desarrollo-BID, entre otras).
Con la escasez de recursos financieros que predomina en todo el país y el alto costo producto de las tasas de interés que prevalecen en las instituciones financieras, hoy la tendencia en los tres niveles de gobierno es la alianza pública – privada para obras públicas. Un ejemplo de coinversión entre el sector público y el privado es el Aeropuerto Internacional de la Cd. de México, donde se han construido importantes proyectos de infraestructura.
La legislación, la regulación y las reglas de operación en el financiamiento para obras públicas son primordiales para el manejo de los recursos financieros, con el objeto de cumplir con el principio de transparencia y rendición de cuentas, así como el de fiscalización.
La participación ciudadana mediante el servicio social de los colegios de profesionistas y de los estudiantes en la elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública es una necesidad para los municipios que no cuentan con recurso humano experimentado y especializado e ingresos suficientes para contratar asesoría externa. Por otra parte, el presupuesto participativo permite asignar recursos financieros para infraestructura prioritaria, previa consulta pública a la ciudadanía.
La consultoría en la gestión financiera y en el financiamiento ha tomado un papel fundamental en los municipios que poseen presupuesto para el pago de servicios como el de análisis, prospectiva, planeación, relaciones institucionales y cabildeo, mismos que son esenciales para lograr mayores recursos financieros para proyectos de inversión.
La obra pública resuelve demandas sociales y genera empleo temporal, el financiamiento permite la obtención de recursos para ese fin.


Debe estar conectado para enviar un comentario.