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“Las guerras se hacen para producir deudas” Ezra Pound

La incertidumbre y la alta volatilidad en los mercados financieros internacionales son consecuencia del sobreendeudamiento de diversos países del mundo, un mal manejo de sus finanzas públicas.

El Gobierno Federal tiene finanzas públicas más sanas frente a los estados y municipios, lo podemos observar en la reducción del gasto corriente en los últimos once años, al pasar de 44.8% a 31.4% en servicios personales (capítulo 1000 -nómina) y de 29.5% a 24.8% en su gasto de operación. Por otro lado, se han aumentado de 5.2% a 22.7% los recursos públicos para programas sociales, un equivalente a siete veces lo destinado en el 2000.

Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto de inversión se ha elevado en más de nueve puntos como proporción del gasto programable, de 15.1% en el 2006 a 24.6 en el 2011.

Actualmente, la deuda pública del Gobierno Federal se mantiene en un tercio del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, los estados y municipios la han acrecentado significativamente, sus obligaciones financieras ascienden en el primer trimestre del año a 315 mil millones de pesos, un incremento real de 122% en relación al 2000.

La deuda pública de los estados representó el 50.3% de las participaciones federales en el 2001, nueve años más tarde alcanza el 72%.

A pesar de ello, durante el lapso de enero a julio de 2011, las participaciones federales pagadas a entidades federativas ascendieron a 247,699 millones de pesos, lo cual se traduce en un crecimiento en término real anual de 7% con respecto al mismo periodo en el 2010.

Hoy, las entidades federativas y los municipios reciben más recursos federales, el cuestionamiento es ¿qué sucede con sus finanzas públicas?.

El problema de las finanzas públicas en los estados y municipios radica esencialmente en la falta de fuentes de ingresos propios, el excesivo gasto corriente, el sobreendeudamiento, la corrupción y la insuficiente transparencia y rendición de cuentas de la administración de los recursos públicos.

La “Ley de Coordinación Fiscal” tiene por objeto regular y fijar las reglas de distribución de las participaciones, aportaciones y fondos a los estados y municipios. Las variables más importantes para asignar los recursos federales son las siguientes: a) El PIB; b) La recaudación de impuestos y derechos locales; c) El nivel de población; y por último, d) La pobreza extrema.

Por lo tanto, es importante establecer nuevos criterios para la distribución de las participaciones, aportaciones y fondos a los estados y municipios en la “Ley de Coordinación Fiscal”, tales como el grado de endeudamiento, el gasto corriente y la transparencia y rendición de cuentas.

Por otra parte, es prioritario tener órganos de fiscalización autónomos y contar con el recurso humano idóneo en las áreas de finanzas de ambos niveles de gobierno, a través de una ley de servicio profesional de carrera.

También, es necesario reformar, adecuar y homologar en los estados las leyes de deuda pública con mayores controles, las de responsabilidad de los servidores públicos con sanciones más severas y las de transparencia y rendición de cuentas.

Es inconcebible seguir permitiendo el endeudamiento de los estados y municipios.

“El conocimiento histórico es indispensable para aquellos que quieren construir un mundo mejor”

Ludwig von Mises

En días pasados, el Gobierno del Estado de Sonora dio a conocer el programa “Sonora Construye”, el cual pretende destinar 44 mil millones de pesos en infraestructura durante el sexenio.

Un nuevo esquema de inversión y administración son los elementos distintivos de este proyecto ambicioso, en el que se han ejercido hasta este momento 12 mil millones de pesos en obra pública prioritaria.

El rezago en pavimentación, agua potable, alcantarillado e infraestructura productiva no han permitido tener una entidad más competitiva y con bienestar social óptimo.

Hoy tenemos la gran oportunidad de construir todos los sonorenses un nuevo Sonora, un lugar donde todos los ciudadanos seamos parte, donde la inclusión predomine y se traduzca en un gobierno democrático.

Debemos entender y situarnos en el siglo XXI, los partidos políticos están obligados a ser responsables socialmente, a respaldar aquellos proyectos benéficos para la mayoría y dejar a un lado la inmadurez política de no aplaudir por el simple hecho de ser oposición.

Hemos observado como se han polarizado varios temas, como el del libre tránsito y el del “Sonora SI”, sin embargo, ha prevalecido el “Interés Superior del Estado” por encima del individual.

No hay duda, en nuestra entidad existen más consensos que disensos. Una muestra de ello, es el apoyo manifestado al programa “Sonora Construye” por parte de varios legisladores federales pertenecientes a partidos políticos distintos al del poder, menciono a los Diputados Jesús Alberto Cano Vélez del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Samuel Moreno Terán del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Un gobernante no necesita ser un especialista para resolver los problemas de la gente, solamente debe hacer uso del sentido común y tener la capacidad para tolerar a las minorías en desacuerdo. Como ciudadano felicito al Gobernador Guillermo Padrés Elías y doy mi respaldo a este nuevo proyecto.

El programa “Sonora Construye” dejará satisfechas las demandas sociales de amplios segmentos de la población en los 72 municipios del estado.

“¿Cuál es la esencia de un buen gobierno?, no resolver los asuntos con precipitación y no buscar el propio provecho”

 Confucio

La gobernabilidad es la relación entre gobernantes y gobernados, es un estado o grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. La misma se ejerce bajo tres principios: eficacia, legitimidad y estabilidad.

Existen diversos grados de gobernabilidad: ideal, normal, déficit, crisis e ingobernabilidad.

La gobernabilidad ideal es cuando prevalece un equilibrio puntual entre respuestas y demandas, es decir, nos referimos a una sociedad sin conflicto.

En la gobernabilidad normal el equilibrio es dinámico entre las demandas y respuestas, donde las diferencias son aceptadas e integradas en el marco de la relación de gobierno.

Al déficit de gobernabilidad lo caracteriza un desequilibrio que amenaza la relación de gobierno y puede presentarse en diversas esferas como la política, económica y social.

La crisis de gobernabilidad surge cuando se presenta una conjunción de desequilibrios inesperados o intolerables.

Por último, la ingobernabilidad tiende a la disolución de la relación de gobierno, es el extremo negativo.

Un sistema político será más gobernable mientras tenga más capacidad de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto de los cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y político.

Coincido con el Informe del Banco Mundial elaborado a principio de este sexenio del gobierno federal, en donde en su análisis sobre México enfatiza graves distorsiones políticas, la influencia excesiva de grupos de interés como élites económicas, partidos políticos y sindicatos con capacidad de afectación a las funciones y fuentes de ingresos del estado, la cual deriva en parálisis legislativa y obstaculización de la aprobación de reformas estructurales y prioritarias para el país.

Las reformas de los años 90’s de apertura comercial e inserción al libre mercado trajeron consigo beneficios para México, pero aún no hemos crecido en competitividad, no se ha consensuado un nuevo marco jurídico de competencia económica y por consiguiente, se ha privilegiado a los monopolios.

Los intereses creados mediante la confabulación del empresariado y la clase política, la partidocracia y la familiacracia, en sí el establisment mexicano, ha eludido las demandas sociales y por lo tanto, se han distanciado del pueblo.

En México tenemos democracia, más no necesariamente un gobierno democrático, el cual debe pugnar por el Interés Superior de la Nación y no por el de unos cuantos.

La responsabilidad política en el siglo XXI no es una necesidad, es una obligación frente a la ciudadanía.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha dejado de gobernar México, la política económica y monetaria ha sido conducida hasta la fecha por funcionarios públicos formados y vinculados con gobiernos o grupos políticos de ese partido.

El endeudamiento de las finanzas públicas de los estados y municipios, el alto riesgo de colapso de la seguridad social, la inseguridad pública, el desempleo, la corrupción y la pobreza son problemas heredados, el PRI gobernó varias décadas, es corresponsable de los actuales acontecimientos.

Recordemos, el PRI tiene mayoría en la cámara de diputados y gobierna 17 entidades federativas.

Hay crisis de credibilidad en las instituciones mexicanas, los partidos políticos y los legisladores ocupan los últimos lugares de conformidad con diversos estudios de opinión.

Es impostergable una reforma política para cambiar nuestro régimen, debemos pasar a uno semipresidencialista o incluso parlamentario, donde figure un jefe de gobierno electo por el poder legislativo, a fin de evitar un nuevo déficit de gobernabilidad imperante en nuestro país.

La reelección es una propuesta poco popular y así lo manifiestan el 80 por ciento de los mexicanos en diversas encuestas nacionales levantadas recientemente, sin embargo, es inaplazable el darle poder al ciudadano con las candidaturas independientes, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana.

Urge una reforma judicial para fortalecer la procuración, administración e impartición de justicia, un sistema imparcial, expedito y profesional que garantice los derechos por igual de todo ciudadano.

La reforma del poder legislativo es crucial para el presente de México, la iniciativa preferente hará eficiente el proceso de creación y reforma de leyes. La eliminación de los legisladores plurinominales es una demanda social, elijamos como única vía democrática de participación ciudadana y de no exclusión del derecho político a ser votado, los mejores perfiles desde los partidos políticos.

La reforma laboral y energética son apremiantes, la primera para encontrar un equilibrio justo entre los trabajadores y los patronos, además de la regulación de nuevas modalidades de trabajo y la segunda, con el fin modernizar el sector energético e impulsar un modelo de inversiones similar al de los países exitosos, citemos en el ramo del petróleo a Brasil.

Es trascendental aprobar una reforma hacendaria con tasas impositivas menores para ampliar la base del contribuyente, recaudar más, así como generar nuevas fuentes de ingresos en los tres niveles de gobierno.

Es el momento de construir una nueva gobernabilidad democrática.

“La democracia constituye por consiguiente un sistema político complejo en cuanto que vive de pluralidades, competencias y antagonismos permaneciendo como una comunidad”

 Edgar Morin

La reforma electoral 2007-2008 es un gran avance en esa materia, se regulan los actos anticipados de precampaña y campaña electoral. Además, se establecen reglas más claras y apegadas a los principios de equidad en la competencia e imparcialidad en el caso del uso de recursos públicos por parte de servidores o funcionarios.

Se han incluido una diversidad de supuestos jurídicos en base a la legalidad, sin embargo, la reforma electoral no puede ser omnicomprensiva. Este es un problema de nuestro sistema jurídico rígido, donde desconfiamos en los jueces para interpretar las leyes y por lo tanto, los legisladores buscan integrar todas las hipótesis normativas, un fenómeno en la doctrina francesa denominado “Problema Alphonse-Gaston”.

Un ejemplo de la supletoriedad en las deficiencias del legislador, lo podemos encontrar en el reciente “Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos”, mismo que complementa en gran parte lo plasmado en los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución y demás normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

La reforma trae como consecuencia el surgimiento de usos y prácticas para evitar las sanciones estipuladas durante el proceso electoral, el cual inicia los primeros días del mes de octubre del año previo a la jornada. Uno de ellos, son los actos anticipados de precampaña y/o campaña realizados con antelación a esa fecha, con el objeto de tomar ventaja frente a diversos aspirantes o partidos políticos, trasgrediendo la igualdad de circunstancias para aquellos que desean ejercer el derecho político de ser votado y afectando la gobernabilidad e institucionalidad de los cargos de elección popular en turno, esencialmente al Poder Ejecutivo en sus tres niveles.

Sin duda alguna, se están presentando acontecimientos extraordinarios en el ámbito electoral, la creciente e inusitada tendencia a la judicialización de los procesos a partir de la aprobación de la reforma. Existen varias razones y justificaciones para el entendimiento de este prodigio: a) Los resultados electorales cada vez más cerrados en los procesos; b) La falta de conocimiento total o dominio de la nueva ley electoral (derecho sustantivo) por parte de los aspirantes, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía; c) Y por último, la insuficiente jurisprudencia, criterios generales y alcances por parte de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales para la aplicación de la ley (derecho procesal).

Las elecciones federales, estatales y municipales del próximo año, serán un verdadero reto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los órganos locales.

“Todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado y casi ninguna es extraña a la otra, porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo”

Marco Aurelio

El reciente atentado en oficinas gubernamentales y el asesinato de un grupo de jóvenes en Noruega, es una muestra del fundamentalismo como amenaza a la seguridad internacional, un indicador más del colapso mundial.

Las manifestaciones en contra de gobiernos autoritarios en los países árabes, reflejan la inconformidad del pueblo en esa región del mundo. La desigualdad, la falta de oportunidades y la violación de los derechos fundamentales del hombre caracterizan a Egipto, Libia, Marruecos, Bahrein y Yemen, entre otros.

La crisis económica y financiera del 2008 ha tenido un impacto muy negativo en la Unión Europea. España, Grecia, Irlanda y Portugal son ejemplos de países donde han surgido movimientos sociales como consecuencia de las políticas implementadas en los últimos años por el establishment.

La gran potencia de los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra en serios problemas financieros, su deuda se ha incrementado y está en riesgo de caer en suspensión de pagos.

La inestabilidad económica, financiera, política y social global nos obliga a un replanteamiento sobre el orden mundial, se prevé una nueva crisis en los próximos meses.

En la teoría realista defensiva del balance del poder en las relaciones internacionales, la prioridad es la seguridad. El actual multipolarismo requiere de políticas consensuadas y avaladas por la mayoría de los países.

El crecimiento poblacional, la pobreza, el desempleo, las pandemias, el racismo, las guerras religiosas, el crimen organizado internacional, la corrupción y el impacto ambiental son ejemplos de problemas a resolver por los líderes mundiales y las organizaciones e instituciones internacionales.

Es el momento de desarrollar un régimen global donde la migración y el multiculturalismo no amenacen la paz mundial y el sistema económico y financiero se conduzca bajo reglas transparentes que permitan una mayor estabilidad.

Los ciudadanos globales somos corresponsables socialmente de la construcción del nuevo orden mundial, empecemos por nuestra nación.

“La evidencia es la más decisiva demostración”

 Cicerón

Ernesto Zedillo Ponce de León fue Presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1994 al 2000, arribó al poder en un entorno económico, político y social adverso. Su primera tarea fue solucionar la crisis económica y financiera suscitada en su primer año de gobierno, para subsecuentemente estabilizar política y socialmente al país y permitir la alternancia con el Partido Acción Nacional (PAN).

La crisis económica y financiera de 1994, trajo consigo el diseño de un sistema de blindaje para prevenir futuros acontecimientos similares y dotar de estabilidad a México. El Gabinete de Zedillo Ponce de León tuvo a un hombre clave para consolidar las finanzas y la economía del país, me refiero a Guillermo Ortiz Martínez como Secretario de Hacienda y Crédito Público (1994-1998) y posteriormente como Gobernador del Banco de México (1998-2009).

Durante la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), primer Presidente de la República emanado del PAN, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estuvo bajo la responsabilidad de Francisco Gil Díaz, un priísta perteneciente al grupo de tecnócratas afines al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien se desempeñó como Subsecretario de Ingresos de la SHCP durante su gestión.

En el gobierno del Felipe Calderón Hinojosa, el funcionario Agustín Carstens Carstens se ha convertido en la batuta de la economía y las finanzas de este país. Ha sido Secretario de la SHCP (2006-2009) y es actualmente el Gobernador del Banco de México, además de haber trabajado previamente en esa misma institución como Director General de Investigación Económica con Guillermo Ortiz Martínez y como Subsecretario de la SHCP con Francisco Gil Díaz.

La política económica y monetaria de México ha sido conducida por funcionarios públicos formados durante los gobiernos del PRI o vinculados a grupos políticos de ese partido, Salinistas y Zedillistas.

Las declaraciones del Subsecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, Arturo Valenzuela y del ex presidente de España, Felipe González, sobre la posibilidad de regreso del PRI en el 2012, reflejan negociaciones anticipadas y su interés en México por continuar con las mismas políticas económicas y financieras.

Realmente en los últimos once años, el PRI no ha dejado de gobernar México.

«Podríamos planear un asesinato o comenzar una religión”

Jim Morrison

El reciente asesinato del cantautor Facundo Cabral es una verdadera desgracia para los desprotegidos. Su vida fue precaria y trágica desde niño, sufrió abandono de padre, fue analfabeta, mudo, alcohólico, perdió a su hija y esposa en un accidente aéreo a los 40 años y murió casi invidente.

Sus canciones de protesta y filosofía de vida lo llevaron al reconocimiento mundial, mismas que lo exiliaron a México durante la dictadura de Argentina de 1976 a 1983. Su vida artística fue entrañable, grabó canciones en nueve idiomas y con grandes figuras como Alberto Cortez.

Un argentino que admiraba a Gandhi, nunca participó como militante político, era fervientemente pacifista.

No hay duda, las adversidades en la vida han sido características comunes de los grandes hombres. Por ende, es la actitud la impulsora de los seres humanos exitosos, los que nunca se han dejado vencer sino todo lo contrario, su perseverancia y constancia los han colocado en un lugar privilegiado.

México necesita de individuos dispuestos a despertar la conciencia colectiva como Facundo Cabral. Los campeones mundiales de la categoría Sub-17 nos han demostrado que sí se puede cuando se trabaja en equipo, sin embargo, no es suficiente el ejemplo deportivo.

Muere Facundo Cabral en un momento donde el sistema global se encuentra a punto del colapso, el sistema financiero y político está en riesgo. Desde Grecia hasta España han surgido movimientos sociales de protesta en contra de los poderosos banqueros y políticos.

Nuestro país no es ajeno a ello, la partidocracia y la familiacracia -la oligarquía- están llevando al hartazgo social. La alternancia del año 2000 está a punto de quedar en el olvido, nos han hecho creer que el regreso es lo mejor para México, sin cuestionarnos el ¿para qué?.

Como un libre pensador, aquellos que no somos ni de aquí, ni de allá, fraternalmente despedimos a Facundo Cabral.

“Las amenazas a la democracia en América Latina: terrorismo, debilidad del estado de derecho y neopopulismo”

Mario Vargas Llosa

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo octavo de su artículo 134 que la propaganda de los poderes públicos deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, pero que en ningún caso se incluirán nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su inciso d) del artículo 347, instituye como infracción durante los procesos electorales la difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación por parte de autoridades o servidores públicos, en contravención a los principios de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y de equidad en la competencia entre partidos políticos del artículo 134 de la Constitución.

En el ámbito local, lo mismo se señala en la fracción IV del artículo 374 del Código Electoral para el Estado de Sonora y por otra parte, en la fracción III de su artículo 385 se plasman las sanciones de amonestación pública, multa e inhabilitación para poder ocupar un cargo de elección popular a partidos, miembros o militantes del mismo, o ciudadanos por actos violatorios.

No obstante, tanto en el Cofipe como en la ley electoral de Sonora, los legisladores omitieron las consecuencias jurídicas para los servidores públicos que en lo sustantivo violaran la norma. Por consiguiente, el Instituto Federal Electoral (IFE) emitió el Reglamento en Materia de Propaganda Institucional y Politico-Electoral de Servidores Públicos, con el objeto de regular a todas aquellas exclusiones jurídicas.

Los procesos electorales federal y local inician en el mes de octubre del año previo a la elección ordinaria, sin embargo, la violación al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede presentarse no sólo en el ámbito electoral durante el proceso, de la cual ya hemos expresado los fundamentos jurídicos, sino también permanentemente en lo administrativo.

De conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, todo servidor público tendrá diversas obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en su cargo. Una de ellas es el cumplimiento de las leyes y normas o la abstención de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

Existen diversas sanciones administrativas como son: el apercibimiento, la amonestación, la suspensión, la destitución del puesto, la sanción económica y la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Para sustentar lo expuesto con antelación, cito la Controversia Constitucional 55/2008 sobre el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se eleva a rango supremo los principios de legalidad y honradez sobre el gasto público, lo cual implica que los servidores públicos deben estar sujetos a la normatividad y evitar el abuso y el destino distinto al programado.

Finalmente, de acuerdo a la Jurisprudencia 20/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), se determinó que previo al emplazamiento de un servidor público para un procedimiento sancionador, el órgano electoral tendrá que verificar que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sea propaganda política electoral destinada a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos;

b) Que la propaganda haya sido difundida por un ente público de cualquiera de los tres niveles de gobierno o por sus servidores, bajo cualquier modalidad de comunicación social;

c) Que la propaganda implique la promoción personal del funcionario;

d) Que se vulnere lo establecido en el párrafo octavo del multicitado precepto constitucional;

e) Que se establezca la probable responsabilidad del servidor público;

f) Que se determine si el funcionario fue imparcial al aplicar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad;

g) Que se defina la calidad del presunto infractor para cerciorarse si la conducta atribuida no se encuentra protegida por alguna prerrogativa constitucional.

Después de este análisis jurídico, podemos concluir que los servidores públicos pueden ser sancionados por la violación al párrafo octavo del artículo 134 constitucional en materia electoral, durante el proceso en cualquiera de sus etapas.

Las autoridades competentes pueden fincar responsabilidades penales, políticas y administrativas, no importando el momento del acto.

“Es más fácil engañar que desengañar”, Napoleón Bonaparte

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los ciudadanos la libertad de asociación, su artículo noveno expresa: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.

Si bien los mexicanos tenemos esa facultad para asociarnos legítimamente, en vísperas de las próximas elecciones federales y locales del año 2012 han surgido fundaciones y asociaciones civiles, con el firme propósito de posicionar aspirantes y partidos políticos.

En el mundo y en nuestro país siempre han existido organizaciones e instituciones filantrópicas con diversos tipos de ayuda y atención a los más desprotegidos como son aquellos en pobreza extrema, enfermos, huérfanos y ancianos.

En la actualidad hay serios cuestionamientos hacia las fundaciones y asociaciones políticas electorales por parte de los ciudadanos, partidos políticos, medios de comunicación y servidores públicos, primordialmente sobre el origen de su financiamiento y la falta de institucionalidad frente a las autoridades gubernamentales en turno, como son los presidentes municipales.

Es importante recordar que el proceso electoral inicia con la emisión de la convocatoria para la celebración de las elecciones, en los primeros días del mes de octubre del año previo a la elección ordinaria. Por consiguiente, todas aquellas organizaciones políticas electorales que estén trabajando con anterioridad a esta fecha, no violan ninguna ley electoral.

Para evitar situaciones concurrentes como las que se presentan hoy a lo largo y ancho del país, debemos considerar los siguientes criterios básicos para distinguir a una organización sin fines políticos electorales de las que lo tienen:

1.- Las organizaciones filantrópicas, de beneficencia o de labor social formales están legalmente constituidas ante notario público, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso, Junta de Asistencia Privada. Además, adquieren certificaciones y registros oficiales como la Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI) y están sujetas a infracciones y sanciones plasmadas en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Por lo general, las organizaciones con fines políticos electorales no cuentan con todos los registros mencionados.

2.- Las organizaciones filantrópicas, de beneficencia o de labor social trabajan constantemente y prevalecen por décadas, mientras que las que tienen fines políticos electorales surgen con antelación a un comicio y desaparecen después del mismo.

3.- Las organizaciones filantrópicas, de beneficencia o de labor social realizan sus actividades de manera discreta y reservada, evitan los reflectores de los medios de comunicación.

Las organizaciones con fines políticos electorales llevan a cabo eventos masivos y con vasta publicidad, su objetivo es promocionar a un aspirante o a un partido político.

Finalmente, creo que nadie se opone a ayudar a los segmentos de población en circunstancias desfavorables o paupérrimas. Sin embargo, es necesaria una reforma electoral para ampliar el periodo de los actos anticipados de precampaña y la aplicación de los criterios básicos para la distinción entre una organización filantrópica y una con fines políticos electorales.